Avanza en la Comisión de Hacienda la iniciativa presentada por el diputado Federal por Querétaro Ricardo Astudillo Suárez, misma que se subió a la Comisión a principios de abril. Con ello, se busca frenar las prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de las y los consumidores en el ámbito crediticio. De acuerdo a los tiempos legislativos, se espera que la iniciativa se apruebe esta misma semana. Profundizando en el contenido, Astudillo Suárez afirmó que la iniciativa que propone modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ha sido cabildeada con diversos sectores, entre ellos recientemente con la Asociación Nacional Bancaria con el fin de dar al consumidor acceso a créditos de forma digna y justa.
Ricardo Astudillo apuntó que el país está urgido de un sistema justo y transparente en el que el acceso a un crédito no sea un privilegio, sino un derecho bien regulado “Hoy queremos romper ese muro que margina, excluye y castiga”. Recordó que en la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, se precisa que más de 27 millones de mexicanos de entre 18 y 70 años, están sometidos a algún esquema crediticio, arrastrando deudas con instituciones bancarias, departamentales. Y telefónicas “Vivimos en un país donde tener un mal historial crediticio es casi una condena de por vida. Donde no poder acceder a un préstamo puede significar perder una oportunidad de empleo, no poder pagar una emergencia médica o ser discriminado al tratar de rentar una vivienda”.
Actualmente existen 2 empresas privadas (Buró de Crédito y Círculo de Crédito) que concentran y controlan esta información sin el debido equilibrio o conocimiento pleno de los ciudadanos.
Por ello, dijo que necesitamos protección estricta a los datos personales, los burós tienen “inmunidad” ante la ley federal de protección de datos personales, pueden consultar datos que ni los usuarios mismos conocen.
Ricardo Astudillo señaló con esta reforma, tendrá entre otros alcances, limitar la permanencia de historiales crediticios negativos a un máximo de 24 meses; garantizar que, una vez saldada una deuda, se elimine todo registro de ella; prohibir que los burós mantengan información sin el consentimiento explícito del ciudadano; asegurar el cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Datos Personales, eliminando el trato privilegiado que hoy tienen estas instituciones y proteger a los consumidores de tasas de interés abusivas que se justifican bajo el falso argumento de “riesgo crediticio”.
Finalmente, el Legislador externó que las decisiones basadas en el puntaje crediticio perpetúan desigualdades y discriminación indirecta contra quienes más necesitan apoyo: personas de bajos ingresos o sin historial bancario. Esto no es sólo un problema económico, es una violación a los derechos humanos, situación que va en contra de nuestra Carta Magna.
