La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) acudió a Washington D.C. para solicitar formalmente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras lo que califican como un operativo desproporcionado del Gobierno de México durante la marcha juvenil del 15 de noviembre, conocida como la Marcha de la Generación Z.
De acuerdo con los planteamientos presentados ante la CIDH, Acción Nacional sostiene que durante aquella movilización se registraron actos de violencia cometidos presuntamente por agentes estatales o por grupos que —según el PAN— actuaron con tolerancia oficial. Los panistas argumentan que estos hechos constituyen violaciones al derecho a la protesta, al uso legítimo del espacio público y a la integridad física de las personas manifestantes.
En su reunión con comisionadas y comisionados, Acción Nacional solicitó una visita in loco al país para que el organismo interamericano documente de manera directa el entorno actual de la libertad de expresión y el trato hacia los medios, en un contexto en el que el partido acusa un “ambiente restrictivo” para la crítica pública y el ejercicio periodístico.
La petición incluye:
— Revisión del operativo del 15-N y del presunto uso excesivo de fuerza.
— Evaluación del marco de garantías para la libertad de expresión, especialmente hacia medios independientes.
— Revisión de las condiciones para ejercer el derecho de protesta sin represalias.
Los panistas afirmaron que la intervención de la CIDH es necesaria para preservar estándares democráticos y prevenir que casos como el del 15-N se repitan.
La CIDH no ha emitido una postura pública inmediata sobre la solicitud, y cualquier avance dependerá de la revisión preliminar del expediente y de la disponibilidad de agenda para una eventual visita al país.
La presencia del PAN en Washington coloca en el centro del debate la relación entre protesta, vigilancia estatal y derechos fundamentales, un tema que seguirá en evolución conforme avance el proceso dentro del sistema interamericano.
