En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca fortalecer la actuación de las instituciones del Estado en materia de igualdad sustantiva.
La iniciativa modifica 17 leyes, entre ellas la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley de Migración.
Entre los cambios, la propuesta agrega los términos “igualdad sustantiva” y “violencias”, establece la obligación de establecer una Política Nacional en materia de igualdad sustantiva, la cual deberá incorporar las perspectivas de género y de derechos humanos, así como la interseccionalidad en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud orientados a atender las necesidades específicas de las mujeres y los hombres, con especial énfasis en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Establece que la Política Nacional deberá fomentar la vida deportiva de las mujeres, su participación y reconocimiento en las artes y la cultura, fortalecer su participación en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales y fomentar, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, mecanismos que garanticen el derecho al medio ambiente sano.
Plantea también la integración del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que estará presidido por la Secretaría de las Mujeres y, además de los titulares de diversas secretarías e instituciones federales, contará con la participación de Gobernadores y de representantes de la CNDH, de la SCJN, del TFJA, de las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y del Senado, del INE, de la FGR y del Inegi.
Además, modifica la integración del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, al establecer que será el Ejecutivo federal y no la Secretaría de Gobernación el que lo presidirá, la Secretara de las Mujeres ocupará la Secretaría Ejecutiva y lo integrarán las Secretarías de Gobernación, de Bienestar, de Seguridad, de Cultura, de Salud, de Trabajo, la FGR, el INE, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y los Gobiernos locales, entre otros.
La iniciativa señala que el Sistema contendrá acciones para impulsar la creación de Fiscalías Especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género en coordinación con las instituciones responsables de la procuración de justicia federal y locales.
Agrega que las entidades federativas deberán promover acciones de cambio cultural en la sociedad para identificar, promover la denuncia y combatir el hostigamiento y el acoso sexual en todos los ámbitos y promover relaciones respetuosas, igualitarias y no sexistas entre hombres y mujeres.
Establece que a través de las medidas y órdenes de protección se podrá solicitar a las autoridades la imposición de regímenes de visitas supervisadas y la revocación de licencias de armas de fuego.
Aclara que le corresponderá a la Secretaría de las Mujeres declarar la Alerta de Violencia de Género, impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la Política Nacional, formular las bases para la coordinación entre autoridades federales, locales y municipales, coordinar y monitorear las acciones de los tres niveles de gobierno, realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica.
También deberá coordinar, integrar, administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres, diseñar y mantener actualizado el Modelo de Gestión Operativa de Centros de Justicia para las Mujeres, así como protocolos de atención especializados y certificar los Centros de Justicia para las Mujeres.
Aclara cuáles serán las facultades de la Secretaría de Gobernación en materia de igualdad sustantiva, como formular y coordinar políticas de prevención social del delito, cultura de paz y legalidad con perspectiva de género y dar seguimiento a los trabajos de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Plantea la obligación de garantizar un salario igualitario sin importar el sexo o el género y señala como una obligación del Estado eliminar brechas salariales de género y promover acciones para erradicar las prácticas restrictivas, desiguales y garantizar la igualdad sustantiva.
En materia de salud, indica que se deberá garantizar el acceso a esta con un enfoque diferenciado, con perspectiva de género e interculturalidad y en materia educativa, señala que las autoridades deberán implementar políticas con enfoque diferenciado.
