El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, encabezado por su presidenta Abigail Arredondo Ramos, manifestó su rechazo a la propuesta federal de una nueva Ley General de Aguas, al considerar que la iniciativa es “perversa, regresiva y profundamente centralista”, y que vulnera derechos adquiridos de productores, concesionarios y usuarios del recurso en todo el país.
Las declaraciones se dieron durante un encuentro con liderazgos del sector agrarista, productivo y social, entre ellos Joaquín Montenegro, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Querétaro; Rubén Galicia, dirigente nacional de la Vieja Guardia Agrarista; Camilo Medina, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI; Manuel Montes, líder estatal de la CNOP; Pablo Meré, presidente del Instituto Reyes Heroles en Querétaro; y Gilberto Pedraza, secretario de Operación Política del partido.
Arredondo Ramos advirtió que, bajo el argumento de garantizar el derecho humano al agua, el gobierno federal busca concentrar el control político y económico del recurso. “El agua dejará de ser un derecho exigible y se convertirá en una prerrogativa del gobierno, lo que representa un retroceso en las libertades, la autonomía y los derechos adquiridos por los productores del campo mexicano”, afirmó.
Los asistentes coincidieron en que la iniciativa elimina derechos adquiridos y otorga a la autoridad la facultad de decidir de manera discrecional el acceso al agua, lo que -señalan- abre la puerta a la opacidad y la incertidumbre jurídica. También denunciaron que se pretende prohibir la herencia, el arrendamiento o la transferencia de concesiones, además de imponer multas que calificaron como excesivas, generando un ambiente de presión e indefensión para los usuarios.
Para Joaquín Montenegro, líder de la CNC, la reforma “criminaliza a los usuarios del agua”, pues cualquier concesionario puede ser acusado de cometer delitos hídricos, aun cuando “es el propio gobierno el que no tiene la capacidad de actualizar trámites ni atender las solicitudes pendientes”.
En tanto, Rubén Galicia, dirigente nacional de la Vieja Guardia Agrarista, sostuvo que la propuesta pone en riesgo la producción agrícola. “El agua es vida, y el gobierno quiere convertirla en un instrumento de control político y recaudatorio”, dijo, al señalar que sin acceso al recurso, la tierra pierde valor y los campesinos quedan vulnerables ante decisiones centralizadas.
Arredondo Ramos añadió que la ley planteada recentraliza las decisiones hídricas en la CONAGUA, debilitando el federalismo e ignorando a los organismos locales y módulos de riego. Advirtió también que los trámites se volverían más lentos y complejos, debido a las limitaciones operativas de la dependencia.
Finalmente, la presidenta del PRI en Querétaro hizo un llamado a la unidad entre sectores productivos y sociales para defender sus derechos. “No podemos permitir que se vulnere el derecho al agua, ni que se use como instrumento político o de recaudación (…) Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz por las y los productores que dan vida a nuestro país”, señaló.
