La realidad ha sacudido el optimismo oficial sobre los resultados de su estrategia contra el crimen. Dos asesinatos en un solo mes evidenciaron que dicha estrategia presenta fallas en la identificación del problema y, por ello, sus metas no coinciden con el objetivo de reducir la inseguridad.
Los informes oficiales muestran estadísticas que la titular del Poder Ejecutivo exhibe triunfalmente: una reducción de homicidios dolosos del 12% en los primeros cuatro meses de 2025, lo que representa un acumulado de 28.1% menos homicidios entre enero de 2024 y abril de 2025.
La propaganda oficial celebra esos números como prueba del éxito de su estrategia de seguridad; sin embargo, otros datos ponen en duda su efectividad, pues la percepción de inseguridad, lejos de disminuir, ha aumentado. En septiembre de 2024, el 58.6% de la población se sentía insegura; para el mismo mes de 2025, la cifra creció hasta 63%.
La muerte, en un corto periodo, de un productor de cítricos y de un presidente municipal —además de la desaparición de un exalcalde el mismo día y en el mismo estado— desnudó no solo la ineficacia de la estrategia de seguridad, sino también lo falaz de la comunicación oficial. La reacción de la titular del Ejecutivo ante esos crímenes mostró que su estrategia es más cosmética que real.
Lo importante no parece ser que la inseguridad disminuya, sino que la opinión pública —y sobre todo Donald Trump— perciba que el combate a la criminalidad va en serio. En los hechos, la estrategia criminal ha sido más exitosa que la gubernamental. Desde hace años, el objetivo del crimen organizado ha sido el control del territorio a nivel local, y lo han logrado atacando la célula más débil: los municipios.
En lo que va del sexenio, han muerto 10 presidentes municipales y se han cometido 56 asesinatos políticos, según la organización Causa en Común. Integralia, otro gabinete de análisis, reportó que hasta julio de 2025 se habían registrado cerca de 112 políticos asesinados y 200 casos de violencia política.
Es evidente el interés del crimen organizado por controlar regiones mediante el sometimiento de autoridades municipales de todos los niveles. No escapan presidentes municipales, regidores, policías, comandantes o jueces: todos son objetivos para ellos.
México tiene 2,442 municipios, y es obvio que no todos interesan a las organizaciones criminales; sin embargo, una estrategia para reducir la presencia del crimen debería tener como eje central a los municipios.
No debería resultar difícil para las áreas de inteligencia del Estado mexicano dar seguimiento a aquellos municipios donde la Secretaría de Seguridad Pública ha detectado presencia criminal y enfocar en ellos los esfuerzos. Sin embargo, parece que la estrategia gubernamental prioriza la rentabilidad política sobre la solución real del problema.
Se advierte que muchas de las acciones implementadas —de alto costo, por cierto— han sido reactivas a las declaraciones y presiones estadounidenses, sin responder a la preocupación más importante: el control que los criminales ejercen sobre amplias regiones del territorio nacional.
La muerte de Carlos Manzo, el asesinato de Bernardo Bravo en Uruapan y Apatzingán, respectivamente, y los más de diez asesinatos de ediles en lo que va del sexenio hacen urgente una rectificación de la estrategia. El llamado Plan Michoacán otorga rentabilidad política a una presidenta que no la necesita, pero sí requiere salvar el prestigio de una estrategia diseñada para impactar en la opinión pública nacional y estadounidense. Ha costado mucho en escopetazos de detenidos e incautaciones, pero poco ha contribuido a reducir la percepción de inseguridad.
Hoy Michoacán arde. Sinaloa continúa siendo rehén de los cárteles. Tamaulipas es intransitable, como también lo son Guerrero, Puebla y Zacatecas, entre otros. Siguen muriendo presidentes municipales y autoridades locales en los estados, mientras en el centro del país se presumen reducciones estadísticas. Al Estado mexicano le están disputando territorio y autoridad con éxito, y el gobierno parece no entenderlo —ya sea por incapacidad o por complicidad—, como han insinuado muchas voces.
Con la estrategia actual, el gobierno hace mucho, pero no donde debería, ya sea por disimulo calculado o por incompetencia, confiado en que el manejo mediático de las cifras le otorgará mayor rentabilidad política. La realidad los ha alcanzado, y la voz de Carlos Manzo resuena en la mente de quienes viven con temor y esperan que su gobierno les brinde seguridad, no discursos ni planes.
El Plan Michoacán anunciado es más de lo mismo: retórica política frente a las balas asesinas. A la luz de los resultados, la estrategia criminal ha resultado más efectiva que la gubernamental, a no ser que, como puede sospecharse, ambas sean una sola.
