A través de conferencia de prensa, Sergio Romero Serrano denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades al interior del Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores (ISES), institución fundada en 2008, de la cual dijo haber sido socio fundador, representante legal y docente, cargos de los que fue destituido de manera arbitraria en 2013.
Romero Serrano explicó que en ese año se realizó una asamblea “sorpresiva e irregular” en la que fue removido de sus funciones sin justificación ni derecho a defensa. En 2015 interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el cual en 2018 falló a su favor al reconocer la violación de sus derechos humanos.
“El Tribunal determinó que mi destitución fue arbitraria y sin sustento. Alteraron actas y firmaron documentos públicos sin tener la representación legal correspondiente”, señaló.
Sergio Romero agregó que en 2019 la sentencia estableció la restitución de sus derechos y la nulidad de todos los actos, asambleas y acuerdos realizados por quienes se ostentaron como directivos del instituto desde 2013. Sin embargo, pese a esta resolución, aseguró que los actuales representantes del ISES continúan operando y firmando documentos “abusando de la buena fe de las autoridades educativas”.
Indicó que incluso, tras un proceso de revisión solicitado por el propio Instituto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó en 2022 la sentencia que lo favorece, aunque a la fecha, dijo, no se ha cumplido la resolución.
“Estamos en 2025 y las autoridades judiciales locales han sido omisas. Los directivos siguen actuando como si nada hubiera pasado. Esto es grave, porque hay cientos de títulos firmados por personas que carecen de validez jurídica”, denunció.
Romero Serrano insistió en que el problema trasciende lo personal, ya que afecta a los estudiantes del instituto, quienes, subrayó, “han invertido tiempo y dinero en una institución cuya situación legal está en entredicho”.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas y judiciales a intervenir para normalizar la operación del ISES y garantizar certeza legal tanto a los alumnos como al personal académico.
