La oposición mexicana atraviesa un largo invierno. Tras el 2024, el mapa de poder quedó teñido de guinda y el bloque opositor se fue desgajando entre errores estratégicos, agravios acumulados y una fatiga de proyecto que se volvió evidente en las urnas. En ese paisaje, el PAN acaba de anunciar un relanzamiento de “nueva era”: rompió con el PRI, prometió “apertura total” a candidaturas ciudadanas, anunció cambios a su proceso de afiliación, y habló de reglas nuevas para seleccionar abanderados —incluyendo primarias abiertas apoyadas en encuestas— además de un rebranding que busca sacudirse la imagen de sigla cerrada y cupular.
Acción Nacional decidió poner fin a la alianza con el PRI que, con altibajos, lo acompañó desde 2021. La decisión se presentó como un “punto y aparte” orientado a recuperar identidad y voz propia. En términos de mensaje, el giro tiene lógica: la coalición opositora fue vista por amplios segmentos ciudadanos como un matrimonio por conveniencia que no producía ni renovación programática ni cuadros nuevos; la suma de debilidades no se volvió fortaleza. El PAN pretende ahora desprenderse del lastre simbólico que supuso cobijarse con el priismo en declive, y enviar una señal de orgullo doctrinario a su militancia.
Pero el divorcio no llegó sin costo: varios liderazgos estatales reclamaron que la ruptura se impuso desde el centro y que, en realidades locales, la colaboración con el tricolor aún era la aritmética más viable. El desencuentro a nivel territorial dejó ver fracturas que no son nuevas: un panismo con baronías regionales, con incentivos electorales distintos a los de la dirigencia nacional. Y, peor aún, episodios de tensión y violencia interna, revelaron que la reorganización aún no aterriza en reglas aceptadas por todos.
Desde la perspectiva legal-electoral, romper con un aliado altera el diseño de competencia: se replantean umbrales de votación para acceder a regidurías, diputaciones de representación proporcional y financiamiento; se redefinen estrategias de litigio y defensa de casillas, y se redistribuyen responsabilidades de fiscalización. Si la nueva ruta no llega acompañada de profesionalización electoral —defensa del voto, capacitación, representación general y de casilla, y una narrativa coherente— el gesto identitario puede quedarse en fuegos artificiales.
El anuncio estelar del relanzamiento es la “apertura total” a candidatos ciudadanos y el rediseño de la afiliación. Traducido de la retórica a la operación, esto significa tres cosas: (1) procesos de inscripción más simples y verificados, no controlados por grupos de facturación interna; (2) mecanismos de selección claros y con piso parejo —primarias abiertas y encuestas con metodologías auditables—; y (3) filtros de integridad (3 de 3, trayectoria, solvencia ética) que eviten convertir la “apertura” en puerta giratoria para oportunistas.
El PAN dijo que habrá primarias abiertas y combinación de estudios cuantitativos y voto militante, y que se eliminarán trabas burocráticas. Sobre el papel, suena sensato. En la cancha, la implementación será el verdadero examen.
Abrir candidaturas a personas no afiliadas no es novedoso ni problemático si se hace con reglas previas, conocidas y generales. La Ley permite procedimientos internos diversos siempre que se normen en estatutos y convocatorias. El riesgo está en la discrecionalidad: primarias anunciadas que terminan en designaciones “por excepción”; encuestas opacas sin muestra verificable; o “controles de calidad” que se usan para bajar perfiles incómodos. El remedio sería peor que la enfermedad si la narrativa de apertura se transforma en una ingeniería para legitimar dedazos.
La afiliación también es un campo minado. Abrirla sin controles puede inflar padrones con estructuras clientelares o “afiliados de un día” que distorsionen la voluntad real de la militancia. Pero cerrarla mata el oxígeno reformista. La salida es doble: verificación digital robusta (CURP, biométricos cuando aplique, auditorías aleatorias) y un sistema de derechos y obligaciones del militante que sea funcional —no simbólico—, con sanciones efectivas a quienes incurran en prácticas de acarreo o afiliación corporativa. Si el PAN logra ese equilibrio, habrá dado un paso en serio.
El relanzamiento incluyó cambio de imagen y una apelación a valores —“Patria, Familia y Libertad”— que buscan reconectar con el ADN del partido, sin cerrar la puerta al pluralismo. No es menor: las marcas partidistas importan, y Acción Nacional llega a 2025 con desgaste acumulado. El desafío comunicacional es hablarle a los jóvenes (mayoría demográfica en 2027) con causas reconocibles —movilidad, vivienda, seguridad de proximidad, meritocracia real, gobierno digital— sin encerrarse en un revival conservador que los aleje. El propio evento de relanzamiento enfatizó la reconexión con juventudes universitarias y una gira temática. Está bien, pero la juventud no se conquista con slogans: se convence con políticas y con prácticas internas congruentes.
La hegemonía electoral de Morena se sostiene en tres pilares: (1) una narrativa de bienestar y de “Estado presente” que conecta con mayorías; (2) maquinaria territorial financiada y aceitada desde gobiernos locales y federales; y (3) fragmentación opositora. Frente a eso, el PAN propone identidad y apertura. Es necesario, pero insuficiente si no se acompaña de: i) cuadros con experiencia de gobierno local; ii) un discurso económico que hable de crecimiento con inclusión; y iii) una política de alianzas sociales, no partidistas, que sume organizaciones cívicas, empresariales emergentes y liderazgos barriales.
La batalla, además, se librará en condiciones legales complejas. El oficialismo y sus aliados mantienen control de Congresos y han pospuesto o moldeado reformas sensibles a sus tiempos. Esto impacta el terreno de juego: reglas de reelección, límites a nepotismos y diseños de gobierno local se mueven con calendario político, no con óptica institucional. La oposición debe asumir que litigar el marco normativo y construir contrapesos desde los estados es parte de su tarea estratégica.
Hay, sin embargo, un punto luminoso en la apuesta panista: la admisión tácita de que el problema ya no se resuelve con pactos de cúpula. Abrir puertas a la ciudadanía y ordenar la afiliación puede reactivar músculo social y recuperar mística. Lo han hecho otros partidos en democracias exigentes: primarias abiertas, debates internos transmitidos, y candidaturas que no dependen de padrinazgos. Si Acción Nacional logra blindar metodologías y desterrar el dedazo y la “encuestitis” opaca, la conversación puede moverse. Si además rompe con la inercia burocrática —comités que solo simulan— y estrena liderazgos con oficio y ética, no solo será competitivo: volverá a ser aspiracional.
Pero el reloj corre. 2027 está a la vuelta de la esquina y, entre rediseñar estatutos, instalar plataformas tecnológicas de afiliación y primarias, y realizar procesos internos ordenados, el calendario estrecha. La experiencia comparada enseña que una reforma de reglas toma al menos dos ciclos internos para asentarse. Si el PAN quiere que su “nueva era” incida en 2027 y no hasta 2030, deberá acelerar con una hoja de ruta clara, pública y verificable.
La oposición no ganará por nostalgia ni por atajos. Ganará si profesionaliza su maquinaria, si abre puertas de verdad, si sanciona a los propios cuando rompen reglas, si presenta cuadros que sepan gobernar y si habla con claridad a quienes hoy no la escuchan: jóvenes, mujeres proveedoras, trabajadores informales, emprendedores que chocan contra trámites y vecinos que padecen el abandono municipal.
El PAN se ha dado una oportunidad. Convertirla en cambio estructural es su tarea; convertirla en alternativa mayoritaria, su reto. Si lo logra, volverá a ser motor —no remolque— del pluralismo mexicano. Si no, la “nueva era” será apenas un buen eslogan sobre un cascarón vacío.
