La vida parlamentaria es, en esencia, el arte del acuerdo. En el Congreso se debate, se confronta, se delibera, pero siempre con la mira puesta en la construcción de consensos que permitan la gobernabilidad y la eficacia de las instituciones. Sin embargo, en Querétaro la actual Legislatura se ha convertido en el ejemplo perfecto de lo contrario: la soberbia de unos, la radicalización de otros y la parálisis como resultado.
Lo sucedido en los últimos días en el recinto del Poder Legislativo estatal es un retrato descarnado de la crisis política y constitucional que se cierne sobre la entidad. No hablamos ya de simples desavenencias entre bancadas, sino de un bloqueo sistemático que amenaza con descarrilar los tiempos legislativos. En pocas palabras, Querétaro se encuentra ante el riesgo de tener una Legislatura perdida.
La historia de este impasse comienza al final de la anterior Legislatura, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer nuevas reglas en la integración de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y en la designación de cargos administrativos clave. La reforma, aprobada bajo un cálculo político de corto alcance, buscaba preservar espacios de poder para el Partido Acción Nacional (PAN), que veía venir la pérdida de su histórica mayoría, al haber perdido la mayoría de los distritos.
Sin embargo, el tiro salió por la culata. Hoy, con una mayoría relativa de Morena y sus aliados de la 4T, y con un PAN reducido a la condición de minoría, la nueva configuración normativa se ha convertido en un campo minado. Los panistas se aferran a privilegios institucionales que ya no les corresponden, mientras que los morenistas —divididos durante meses por sus propias pugnas internas— apenas ahora se han unido en torno a la posibilidad de desplazar al partido que gobernó la Legislatura por más de dos décadas.
El resultado ha sido la imposibilidad de acordar siquiera la integración de la Mesa Directiva. Lo que debería ser un trámite parlamentario se ha transformado en un zafarrancho digno de nota roja: robo de boletas, sustracción de urnas y acusaciones mutuas entre diputados. Episodios bochornosos que exhiben no sólo la falta de oficio político, sino el deterioro institucional del Congreso queretano. El episodio más grave ocurrió cuando se denunció el robo de boletas por parte del diputado panista Enrique Correa. Lo sucedido no puede minimizarse como un exceso de pasiones políticas, se trata de hechos que rozan la ilegalidad.
Ante el posible vacío constitucional trece de los veinticinco diputados locales decidieron citar -antes de que feneciera el plazo legal-, a una sesión para la elección de nueva Mesa Directiva, en una jugada legal que dejó sorprendidos a los panistas y uno que otro despistado. El resultado fue la pérdida de la elección por parte del PAN del Congreso Local, y el berrinche de los diputados blanquiazules y del gobierno estatal, que no tuvo otra el diputado presidente saliente, que decretar días inhábiles para mandar a su casa a los empleados de la Legislatura, para que no hubiera nadie en las oficinas; así de desaseada y desesperada fue la respuesta, amagando además de que utilizaría a la Fiscalía del Estado para denunciar a los diputados que votaron la nueva Mesa Directiva, cuando a todas luces eso es improcedente.
Estos son actos que deslegitiman al Poder Legislativo y que amenaza con socavar la confianza en las instituciones democráticas. Más grave aún es que estos hechos no fueron contenidos ni por la dirigencia del Congreso, ni por la JUCOPO, ni por el Gobierno del Estado. La operación política brilló por su ausencia.
El fondo del problema es que el PAN no ha entendido que ya no es mayoría. El partido que durante años dictó la agenda legislativa se resiste a asumir su nueva condición de minoría y pretende mantener cuotas de poder que las urnas ya no le concedieron. La soberbia de sus diputados los ha llevado a bloquear acuerdos, a sabotear votaciones y a utilizar la Ley Orgánica como arma para preservar espacios que ya no les corresponden. Aferrarse a prácticas de mayoriteo cuando se ha perdido la mayoría no sólo es antidemocrático, es suicida.
Del otro lado, Morena y sus aliados de la 4T tampoco pueden cantar victoria. Durante un año, las pugnas internas entre sus grupos —unos cercanos al gobierno federal, otros a liderazgos locales— impidieron que ejercieran su mayoría relativa con eficacia. Apenas ahora, cuando la confrontación con el PAN se ha agudizado, han encontrado una causa común: desplazar al partido en el poder estatal. El problema es que esta unidad se ha construido sobre la base de la confrontación, no del consenso. Lejos de buscar acuerdos amplios, Morena y sus aliados han optado por la radicalización, lo que en los hechos profundiza la parálisis legislativa. La suma de la soberbia panista y la radicalización morenista es el bloqueo perfecto.
A un año de instalada la actual Legislatura, los resultados son magros, por no decir nulos. No se han aprobado reformas relevantes, no se ha avanzado en temas de fondo y el Congreso se ha convertido en un campo de batalla por cargos administrativos más que en un espacio de producción legislativa. La falta de acuerdos ha generado una parálisis que ya amenaza con tener consecuencias graves. El próximo periodo ordinario inicia con una Mesa Directiva, pero sin certeza sobre la conducción de los trabajos. Y, lo más preocupante: se acerca el tiempo constitucional para la discusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Si el Congreso no logra ponerse de acuerdo, Querétaro podría enfrentar una crisis constitucional sin precedentes.
La parálisis legislativa no sólo afectaría al Poder Legislativo. Impactaría directamente en la gobernabilidad del Estado, pues impediría al Ejecutivo contar con un marco financiero actualizado y adecuado a las necesidades actuales. La falta de presupuesto aprobado por el Congreso es, en términos constitucionales, un escenario de emergencia. Y lo peor es que todo esto no se debe a diferencias ideológicas sobre el rumbo del Estado, sino a una lucha estéril por cargos, privilegios y cuotas de poder.
En este escenario, el Gobierno del Estado también tiene una cuota de responsabilidad. La falta de operación política de su equipo es evidente. Un gobierno que no es capaz de tender puentes entre las fuerzas políticas, que se mantiene ausente en medio de una crisis parlamentaria, es un gobierno que abdica de su papel de articulador institucional. No se trata de que el Ejecutivo controle al Legislativo, sino de que ejerza un liderazgo político que evite que el Estado se descarrile. En Querétaro, ese liderazgo brilla por su ausencia.
Lo que está en juego no es sólo la integración de una Mesa Directiva o la designación de funcionarios administrativos del Congreso. Lo que está en juego es la viabilidad misma de la Legislatura. Si la parálisis continúa, esta podría pasar a la historia como una Legislatura perdida: improductiva, conflictiva y marcada por el descrédito.
La política es, por definición, el espacio de la negociación. Cuando los actores se niegan a negociar, lo que sobreviene es la ingobernabilidad. Querétaro está hoy frente a esa disyuntiva. O sus diputados entienden que su obligación es legislar y alcanzar acuerdos, o condenarán a la entidad a un periodo de estancamiento y crisis constitucional. El diagnóstico es claro: la soberbia del PAN, la radicalización de Morena y sus aliados, y la omisión del Gobierno estatal han creado un cóctel explosivo. El Congreso de Querétaro vive una crisis de representación, de eficacia y de legitimidad.
Es momento de que los legisladores recuerden que no fueron electos para defender cuotas partidistas, sino para representar a la ciudadanía. La política no es el arte de robar urnas o boletas, ni de bloquear acuerdos por revanchismo. La política es el arte de construir consensos en beneficio de la sociedad. Si los diputados de Querétaro no lo entienden así, habrán traicionado no sólo a sus electores, sino a la propia democracia local. Y el costo lo pagaremos todos.
