El día 4 de septiembre en el diario Milenio, Héctor Aguilar Camín, historiador y analista político escribió: “Históricamente hablando, los políticos son la élite definitoria de los desastres y los logros en México.” Y añadió líneas adelante: “próceres, militares, caudillos, dictadores, presidentes han tenido una autonomía enorme respecto de su sociedad”.
No han tenido contrapesos en grandes empresarios, grandes científicos, grandes innovadores tecnológicos, grandes innovadores educativos o grandes organizadores sociales.
No hay mucho que oponer a esa definición del papel de los políticos en la historia nacional, en la cual encontramos figuras notables y políticas públicas que hicieron posible el país en el cual vivimos. Con aciertos y retrocesos, errores, abusos del poder y todo lo que podemos contar sobre las épocas de construcción del país, hemos caminado siempre montados en el ejercicio del poder político al cual se han subordinado capitales y fuerzas sociales.
A partir de la década de los setenta del siglo pasado, la sociedad, los partidos, las organizaciones sociales, y políticos de a de veras, lograron crear instituciones que acotaban el ejercicio arbitrario del poder político, ya fuera que el abuso proviniera del poder ejecutivo, sus funcionarios y dependencias, o del poder legislativo, siempre tentado a ejercer funciones distintas.
Para ello se le dieron al Poder Judicial las atribuciones de independencia y autonomía para que pudiera fungir como garante de la constitucionalidad y la vigencia plena del Estado de derecho.
También se crearon instituciones que divorciaran las decisiones técnicas del gobierno de la política y que se pudiera dar un seguimiento transexenal a políticas públicas sin que su vigencia estuviera supeditada a la voluntad política del gobernante.
Con esta apretada e insuficiente mención de los avances democráticos, en la que no he incluido los procesos electorales, también arrancados del control gubernamental, trato de evidenciar lo que se había avanzado en los límites al poder político para poder construir un proyecto nacional incluyente para todos los mexicanos y que desafortunadamente se ha perdido en tan solo siete años.
Un político sin ninguna base técnica, sin conocimiento de normas y procedimientos, basado en prejuicios, dogmas y conceptos feudales del poder, transformó, por vendetta y agravios personales, un país de leyes e instituciones en un territorio donde impera la violencia de grupos criminales, en el que la impunidad, la corrupción, la mentira, la descalificación, el insulto a los que piensan diferente es el uso cotidiano.
El uso arrogante del poder ha contagiado a la clase gobernante y al partido en el gobierno. La hipocresía los lleva a convocar a sus huestes a conducirse con austeridad; se sanciona la indiscreción, no la indecencia, ordenando que se oculte lo evidente sin sancionar el origen de la riqueza ostentada.
La embriaguez que produce su artificial mayoría legislativa y el dominio innegable que tienen sobre tribunales, jueces y magistrados los lleva sin pudor a condenar la crítica y silenciar periodistas o a la inversa, acomodando las leyes y sentencias a como quiera el político denunciante. Pueden parecer casos aislados, pero la soberbia campea y la exhiben sin pudor.
Cierto es como dice Aguilar Camín, que han sido los políticos los que han definido la actualidad de nuestro México, pero resaltan ahora más las diferencias entre los políticos que construían Estado y nación y los que ahora quieren edificar una hegemonía aún a costa de perder el país.
Decir que se abate la pobreza con dádivas paternalistas con una hacienda y presupuesto deficitario, equivale a afirmar que sacaste de pobre a alguien que recibe una tarjeta de crédito, no hay sustentabilidad en esa visión utilitarista del combate a la pobreza y la desigualdad, hay rentabilidad electoral y eso habrá de permitir que oportunistas y vividores metidos a políticos sigan medrando el presupuesto oficial.
Siendo cierta la aseveración de Aguilar Camín, el pesimismo es inevitable. Poco puede esperar México de los políticos que hoy ocupan la palestra nacional. La rupestre conducta de Fernández Noroña, el hipócrita llamado a esconder la opulencia de Luisa Alcalde, el autoritarismo de Layda Sansores, el contubernio evidente de Rocha Moya y otros con el narco; la lacayuna conducta de magistrados electorales para sacar sentencias al gusto oficial.
El cinismo con el que se asumen los ministros y magistrados electos del Poder Judicial desestimando los acordeones; la desvergüenza de quien asume responsabilidades sin estar preparada para ello como la ministra del pueblo o del exministro que hoy niega hasta sus propias resoluciones y criterios, nos lleva a pensar que somos un pueblo tan pobre como la pobreza moral de nuestros políticos.
Y esto no solo atañe a la clase gobernante y su partido; la ética, el oficio político que hace posible la concertación y los consensos están ausentes, al igual que la decencia y la honestidad, y esto permea en todas las fuerzas políticas. Las excepciones solo confirman la regla.
