En Querétaro, el discurso de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas existe en los papeles… y se evapora en la práctica. Lo que debería ser una política pública con dientes se volvió un ritual burocrático que convive con una realidad áspera: acosos, campañas coordinadas y ataques contra quienes no se alinean ni se prestan a la propaganda. La ruta es conocida: descalificar primero, criminalizar después.
Desde los acomodos políticos de sexenios pasados hasta la inercia local actual, a diputados, regidores y funcionarios les resulta más sencillo mirar hacia otro lado mientras se monta el linchamiento cotidiano. La mecánica se repite con puntualidad: se tilda a medios y reporteros de “incómodos” o “vendidos” y se les acusa de “pedir convenios”, como si el gasto en comunicación social —regulado por ley— fuera una dádiva discrecional y no una obligación sujeta a criterios de interés público, transparencia y no discriminación. Convertir ese derecho en un arma de control presupuestal es, además de burdo, contrario a la norma.
En los últimos meses se han multiplicado los episodios de hostigamiento desde el ala más radical de Morena en Querétaro: diputados, alcaldes, regidores y operadores que, un día sí y otro también, dedican su tiempo a agredir, difamar o exhibir selectivamente. A esa maquinaria se han sumado perfiles que se anuncian como “premiados” sin acreditar ni rubro ni árbitro, y que operan como correa de transmisión de la narrativa oficialista —con el clásico doble ‘trasero’.
El mensaje es claro: deslegitimar a quien documenta con papeles, audios y video. La realidad no se desmonta con adjetivos.
Hablo desde la experiencia. Desde 2010 he firmado notas y también declaraciones ante fiscalías. Sobreviví a ataques armados, tres levantones y torturas; fui desplazado más de una vez por exhibir redes narco políticas que se alimentan de la impunidad. No colecciono trofeos: sobrevivo y trabajo. Mi expediente está limpio; lo demás es ruido.
En este contexto, desde mi llegada a Querétaro he documentado casos que otros prefieren omitir. La respuesta ha sido una campaña de asedio contra medios y periodistas que no se prestan al culto del funcionario morenista de turno. El libreto cínico incluye cifras infladas sobre una supuesta “crisis de medios” y montos no probados —sin contratos, sin depósitos, sin evidencia— cuyo objetivo es sembrar odio con granjas de bots. Cuando ese odio se traduce en amenazas o llamados a hostigar, hablamos de conductas tipificadas que deben investigarse y sancionarse.
El fuero no es blindaje; y los regidores no tienen fuero. La competencia recae en la FGR, particularmente en FEADLE, cuando hay vínculo con la libertad de expresión.
Y sí: alcanza cárcel.
Qué toca hacer (dos urgencias)
Legislar en serio una ley estatal de protección a personas defensoras y periodistas, con protocolos claros, medidas de prevención y reacción y sanciones para servidores públicos que hostiguen o estigmaticen desde el poder.
Crear y fortalecer un Mecanismo local que deje de ser buzón y se convierta en garantía efectiva: evaluación de riesgo, medidas de protección, coordinación con FGR y fiscalía local, y monitoreo público de cumplimiento.
No es obligación periodística cubrir giras anodinas ni la agenda de selfie —morenista o panista—. Sí lo es fiscalizar, preguntar, contrastar, documentar. Y sí, es un derecho, no una dádiva, acceder a publicidad oficial bajo reglas claras.
Que quede claro: la democracia se mide por su capacidad de tolerar la crítica y proteger a quien la ejerce, no por el volumen de sus altavoces.
Los chillidos contra la prensa no tapan los datos. Desde el sexenio de López Obrador, a nivel nacional han asesinado a decenas de personas vinculadas a la libertad de expresión —periodistas, auxiliares de redacción, comunicadores digitales—. Tampoco desactivan los derechos.
Si el poder decide perseverar en la estigmatización, encontrará leyes, expedientes y jueces. Lo demás, por más ruido que haga, es propaganda huevona.
Y para quienes confunden crítica con delito: decir “chillón” o “huevón” es opinión, no un tipo penal. Exhibir presuntos desvíos —con documentos y números— no es mentir: es informar a la ciudadanía. Los “otros datos”, que los expliquen quienes los presumen.
No hay “crisis de medios”. Lo que no hay es documentación y trabajo en Morena Querétaro: sólo odio, chillidos y huevonadas.
A chambear.
@GildoGarzaMx
