La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que declaró válida la elección judicial de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los magistrados electorales, representa un parteaguas en la historia constitucional de México.
No estamos ante un mero pronunciamiento técnico, sino ante la consumación de un golpe institucional cuidadosamente diseñado para colocar al Poder Judicial bajo control del Ejecutivo federal y del partido en el poder: Morena. El fallo significa, en los hechos, el final de la autonomía judicial reconocida por el artículo 94 de la Constitución, que establece que “la independencia de los jueces será garantizada por la Constitución y la ley”.
La elección judicial fue un fraude de Estado. El modelo de elección directa de ministros y magistrados fue presentado como un avance democrático. Sin embargo, la realidad fue distinta: un proceso plagado de irregularidades, fraude electoral y manipulación política. A pesar de la propuesta de anular la elección de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, la mayoría decidió validarla con argumentos falaces y que indignan a la comunidad jurídica.
El uso de acordeones y listas de candidatos distribuidos por operadores de Morena, que convirtieron la elección en una simulación; la coacción del voto mediante programas sociales, bajo la amenaza implícita de perder beneficios si no se votaba por las opciones sugeridas; la compra del voto financiada con recursos públicos, en abierta violación al artículo 134 constitucional, que prohíbe la utilización de recursos públicos con fines partidista; y, la violación a la libertad del sufragio, principio recogido en el artículo 41 constitucional, que exige que las elecciones sean libres y auténticas, son las pruebas irrefutables.
En palabras del constitucionalista Diego Valadés, “la elección de jueces y ministros en un país sin cultura cívica sólida equivale a entregar la justicia al poder político dominante; lejos de democratizar, se partidiza la impartición de justicia”.
La validación judicial, convirtió de árbitro a cómplice al TEPJF; la Sala Superior tenía la oportunidad de frenar este atropello, aplicando los principios de libertad y autenticidad del sufragio. Sin embargo, optó por validar un proceso fraudulento, convirtiéndose en cómplice del secuestro judicial. Con esta decisión, el Tribunal Electoral renunció a su papel de garante de la Constitución y se alineó con la estrategia de la 4T, abriendo la puerta a un sometimiento estructural del Poder Judicial al Ejecutivo.
El jurista José Roldán Xopa advirtió que este modelo “supone la renuncia a un sistema de contrapesos y la instauración de un poder judicial electo bajo lógicas clientelares, donde la independencia es sustituida por lealtades partidistas”.
El artículo 116 constitucional, en materia local, reconoce que los poderes judiciales deben ser independientes, garantizando que jueces y magistrados no estén sujetos a presiones externas. Sin embargo, el nuevo modelo federal traiciona ese espíritu, al colocar a ministros y magistrados bajo la lógica electoral dominada por Morena. Y la reproducción del modelo en las entidades federativas da nuestra de ello. El resultado es claro: el Poder Judicial Federal, en lugar de ser un contrapeso, se convierte en un apéndice del poder político. El artículo 49 constitucional, que establece la división de poderes, queda así reducido a una declaración formal, sin vigencia real.
Son muchas y fundadas las críticas desde la comunidad jurídica. Lejos de ser unánime, esta decisión ha desatado críticas severas. La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó la elección como “un atentado contra la independencia judicial y la seguridad jurídica de los ciudadanos”. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México alertó que “con esta reforma se rompe el equilibrio de poderes, entregando la justicia al control político”. Los ex ministros de la Corte, como José Ramón Cossío, han señalado que “la elección de jueces en México, bajo las condiciones actuales, implica la captura del Poder Judicial y el derrumbe del Estado de derecho”.
Estas voces coinciden en que el daño no es coyuntural, sino estructural: el Poder Judicial ha perdido la confianza ciudadana y la credibilidad internacional.
Las consecuencias no sólo son inmediatas, a largo plazo habrá efectos como la politización de las sentencias: Las resoluciones judiciales ya no serán vistas como interpretaciones imparciales de la Constitución, sino como decisiones dictadas por conveniencia partidista. Sin duda, habrá un debilitamiento de la protección de derechos: Los ciudadanos, al acudir al amparo, no encontrarán un árbitro neutral, sino un juez que debe su cargo al partido gobernante.
La erosión de la seguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros percibirán un entorno sin certeza jurídica, con decisiones judiciales sujetas al vaivén político. Y en consecuencia se vendrá una deslegitimación internacional de la justicia mexicana, ya que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU ya han señalado que este tipo de reformas debilitan los estándares de independencia judicial.
El espejismo democrático que se ha construido con una narrativa perversa proviene del hecho de que el gobierno insiste en que la elección directa de ministros y magistrados representa un “avance democrático”. Pero como recuerda Norberto Bobbio, la democracia no se agota en el sufragio: exige procedimientos que garanticen elecciones libres, auténticas y justas.
Cuando el voto se compra, se condiciona o se manipula mediante propaganda oficial, no hablamos de democracia, sino de un espejismo democrático que legitima el autoritarismo bajo el disfraz de la participación popular.
Esto significa sin lugar a dudad un retroceso histórico. Si en 1996 celebramos la autonomía del entonces IFE como un hito democrático, hoy debemos lamentar que en 2025 presenciamos la demolición de la autonomía judicial. El constitucionalista Ignacio Burgoa ya advertía en los años ochenta que “un poder judicial sin independencia es la antesala de la dictadura”. Esa frase cobra hoy una vigencia estremecedora.
El costo histórico será alto: pérdida de confianza en las instituciones, debilitamiento del Estado de derecho y regresión a un presidencialismo autoritario. Hoy, nos toca defender la Constitución desde la sociedad civil. La captura del Poder Judicial obliga a que la defensa de la Constitución recaiga en la sociedad civil organizada: universidades, colegios de abogados, organizaciones ciudadanas y medios de comunicación críticos.
La autonomía judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos. Sin jueces independientes, los derechos fundamentales se convierten en papel mojado. La resolución del TEPJF no solo valida una elección fraudulenta: abre la puerta a la sumisión total de la justicia al poder político. Y en ese camino, la democracia mexicana corre el riesgo de ser devorada por un nuevo autoritarismo.
