La Procuraduría Fiscal de la Federación trabaja en una querella contra Ester Ramírez Bernabé, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Armando Martínez Ramírez, ex director general de supervisión, por presuntas responsabilidades en el manejo irregular de la Sociedad Financiera Popular CAME.
Las autoridades investigan que ambos funcionarios permitieron que los dueños de la Sofipo utilizaran recursos de los ahorradores para realizar pagos anticipados a proveedores, pese a que ya se perfilaba el colapso de la institución. Esta práctica, sumada a la omisión de medidas oportunas de supervisión, derivó en la intervención de CAME el pasado 9 de junio, hecho que fue confirmado públicamente hasta la noche del 12 de junio.
CAME dejó de entregar reportes financieros obligatorios desde enero y hasta abril, lo que representó un incumplimiento grave. Al mismo tiempo, redujo sus operaciones, cerró sucursales y mantuvo intermitente su página de internet. Los datos disponibles al cierre de diciembre mostraban un nivel de capitalización 40 veces inferior al mínimo exigido por la CNBV, y hacia abril el indicador se desplomó a menos tres mil por ciento.
La falta de acción de los responsables de supervisión permitió que la situación se agravara y dejó a miles de ahorradores en incertidumbre. Ante ello, afectados acudieron a la Cámara de Diputados para exigir un mecanismo legal que garantice la devolución de sus depósitos y la comparecencia de funcionarios de la CNBV y la Secretaría de Hacienda para explicar las omisiones.
Con la salida de Ramírez Bernabé, Eugenio Laris fue nombrado nuevo vicepresidente de la CNBV para atender las fallas regulatorias y reforzar los mecanismos de vigilancia sobre las Sofipos.
La Condusef informó que el interventor será quien determine los pasos a seguir para la devolución de recursos, mientras avanzan las acciones legales contra los exfuncionarios implicados.
