Representantes de la sociedad civil, colectivos, especialistas, funcionarios de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la ciudadanía, participaron este viernes en la primera audiencia pública del proyecto hídrico “Sistema Batán, Agua para Todos”, convocada en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART). Durante aproximadamente una hora y media, se expresaron cuestionamientos, preocupaciones y propuestas técnicas y sociales, con énfasis en la necesidad de mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.
Francisco Landa, integrante del colectivo Awita, Vida y Territorio, cuestionó que se compare a Querétaro con otros países para justificar el proyecto. “Validar el caso de Querétaro con experiencias internacionales similares puede ser engañoso”, advirtió. Señaló que Singapur, citado como referencia por las autoridades, no comenzó reutilizando agua, sino regenerando su territorio para captar lluvia, disminuyendo las fugas al cinco por ciento, y controlando 292 parámetros de calidad del agua; mientras que en México “lo haríamos con la legislación actual con menos de 100”.
Agregó que en el país mencionado, el 90 por ciento del agua tratada se destina a la industria, y solo el seis por ciento al uso doméstico. “Su programa New Water (de Singapur) pasó por 30 años de pruebas piloto”, afirmó, y comparó con casos como Namibia, Australia o California, donde se implementaron laboratorios especiales, amplios consensos sociales o sistemas de inyección al subsuelo.
Daniela Urbiola, también participante ciudadana, afirmó que “casi la mitad del agua de la red se pierde en fugas y el proyecto estima atender sólo el uno por ciento por año”. Cuestionó que no se contemple como prioridad la reparación de la red, pues “si reparamos las fugas, tendríamos el doble de agua, pero el gobierno no ha podido hacerse cargo”. Recordó que la promesa de permitir la recuperación de los mantos acuíferos ya se hizo hace quince años con el sistema Acueducto II.
“Nos oponemos a una iniciativa que es más bien una obra faraónica o de relumbrón que una solución democrática. Se presenta como una panacea, pero no ha demostrado considerar alternativas eficaces como reducir fugas, disminuir el consumo industrial, tecnificar el campo y captar agua de lluvia”, expresó Urbiola.
Por su parte, María del Mar Covarrubias, integrante del colectivo Netas Ciudadanas, hizo hincapié en que la narrativa del proyecto ha sido poco clara y confusa para el público no especializado en la materia. “Una narrativa de miedo hacia el que nos vamos a quedar sin agua no es la forma. Queremos transparencia, queremos honestidad, queremos datos abiertos”.
Durante su intervención, formalizó una petición ciudadana con base en la Ley de Participación Ciudadana, con la que solicitarán en un plazo no mayor a 30 días un estudio integral y comparativo de las distintas alternativas al proyecto, un plan de restauración ecológica con metas de infiltración, reforestación y separación de escurrimientos, así como información detallada sobre las fugas, calidad del agua, esquemas de financiamiento y condiciones de operación del sistema.
Desde la CEA, el vocal ejecutivo Luis Alberto Vega Ricoy respondió a los señalamientos asegurando que el porcentaje de pérdida de agua no se debe únicamente a fugas. “Tenemos temas de clandestinaje y tenemos temas de mala medición, que son factores y junto con las fugas generan esos porcentajes”, explicó. Afirmó que, aunque hay cerca de cuatro mil 500 kilómetros de red, “no va a haber fugas y que se pueden evitar las fugas de la zona metropolitana del estado de Querétaro, les estaría mintiendo”. Detalló que durante los primeros siete meses del año se ha logrado reparar el 92 por ciento de las fugas en menos de 24 horas, con un ahorro de aproximadamente dos mil millones de litros de agua.
Además, Vega Ricoy también defendió el proceso legislativo como una expresión de democracia. “La decisión está en manos del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está compuesto por 25 diputadas y diputados de varios partidos políticos que fueron electos democráticamente por todas y todos nosotros”.
El director del proyecto Sistema Batán, Arturo Cevallos Molina, reconoció que la parte técnica aún no está concluida y explicó que el paquete de documentos enviado al Congreso contiene principalmente validaciones jurídico-financieras. Aseguró que se contempla un periodo de aproximadamente cuatro años para pruebas, caracterización y monitoreo, y agregó que “si el operador no entrega la calidad del agua que le estamos pidiendo, pues evidentemente no se paga”. También subrayó que el gobierno conserva la facultad de revertir el contrato si no se cumple con los estándares.
Durante otra intervención, Daniela Urbiola también propuso la elaboración de una evaluación ambiental estratégica del proyecto que sea pública y revisada por especialistas, así como una prueba piloto completa de tratamiento y potabilización cuyos resultados sirvan como base para la toma de decisiones. Pidió que se diseñe un esquema financiero alternativo con opinión técnica de la Secretaría de Hacienda y una segunda opinión institucional, además de la creación de un laboratorio estatal de calidad del agua y un mecanismo de contraloría social del proyecto con convocatoria abierta e independiente. “No es sólo un no al Batán, es un sí a una política hídrica integral que ponga la ciudadanía al centro”, expresó.
Sobre el tema de clandestinaje y fugas, Francisco Landa exigió a los funcionarios mayor transparencia: “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de clandestinaje? ¿Cuánta agua se está robando quién? Eso lo tenemos que saber”, estableció.
Asimismo, insistió en que “cada día surgen más dudas” sobre el proyecto, al tratarse de “una tecnología que aún no ha sido probada en México y en un estado y país donde no son transparentes los datos sobre la calidad del agua que recibimos”. Alertó sobre el sobrecosto que implica financiar la obra mediante una APP. “De acuerdo con el anexo financiero, el costo real de construir la obra es de 11 mil millones de pesos. Sin embargo, bajo la APP, el costo total proyectado a 30 años es de más de 41 mil millones”.
Para los colectivos presentes, socializar el proyecto no ha sido lo mismo que consultarlo. “La costumbre que tienen todos los gobiernos de todos los colores es decidir verticalmente, decidir tecnocráticamente y después medio socializar para ver si nos convencen”, dijo Landa. “Estamos hablando de una lógica en la que primero tendría que haber una real socialización y participación, que no pasara por mecanismos tradicionales que han sido de simulación de escucha de la ciudadanía”.
En tanto, el gobierno estatal aseguró que entregará respuesta formal cuando las peticiones ciudadanas adelantadas por María del Mar Covarrubias y Daniela Urbiola se entreguen formalmente a la CEA en el plazo de una semana. La discusión sobre el Sistema Batán continuará en el Congreso local, donde se espera que estas propuestas y cuestionamientos sean consideradas antes de tomar una decisión definitiva.
