A ocho meses del ataque que dejó 10 personas fallecidas, el gobierno estatal confirma que el inmueble ya no es objeto de investigación. El predio que albergó el bar Los Cantaritos, escenario de una masacre el nueve de noviembre de 2024 en el municipio de Querétaro, ya no es utilizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para fines de investigación, y está en proceso de ser devuelto a sus propietarios. Así lo confirmó el gobernador Mauricio Kuri González este ocho de julio de 2025, en declaraciones a medios de comunicación.
“Los dueños habían pedido desde hace tiempo que se les regresara la propiedad. Tengo entendido que ya no se ocupa para las investigaciones y ya se les iba a regresar”, señaló el mandatario.
La madrugada de aquel nueve de noviembre, un grupo armado irrumpió en el establecimiento y abrió fuego durante menos de un minuto, matando a 10 personas e hiriendo a 13 más. El ataque, atribuido a un conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch; sacudió a la sociedad queretana y colocó en entredicho la seguridad en espacios de entretenimiento nocturno.
Tras el ataque, el lugar fue asegurado por la FGE para recabar pruebas periciales. Se desplegó un operativo que incluyó análisis de más de 500 horas de video de al menos 50 cámaras, 12 cateos y 60 entrevistas, lo que permitió identificar a los atacantes.
Fue hasta marzo de este año, que en seis operativos simultáneos en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, se detuvieron a nueve personas: seis de ellas en Querétaro, quienes fueron identificadas como integrantes de una célula delictiva ligada al ataque armado. Entre estas, se encuentra José Francisco “N”, alias Alfa 1, y Sandra “N”, alias La Patrona, señalados como cabecillas de la célula delictiva responsable del crimen.
Aunque en su momento se consideró que el gobierno estatal podría quedarse con el inmueble —una propuesta impulsada por el entonces secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez—, el propio Kuri González calificó ese camino como “muy complicado”. Lo que sí fue claro es que no se permitirá que en ese espacio vuelva a operar un negocio de venta de alcohol.
La masacre derivó en operativos de verificación en bares y antros, además de un endurecimiento en los filtros de seguridad, sobre todo en negocios con licencias foráneas o con antecedentes de irregularidades. Ese mismo noviembre de 2024, el gobernador queretano se coordinó con alcaldes de la Zona Metropolitana de Querétaro para acordar llevar a cabo rondines conjuntos; compartir información sobre establecimientos comerciales; homologar los horarios de cierre (a la 1:30 de la madrugada) de bares, antros y restaurantes, e implementar operativos coordinados de verificación y supervisión de establecimientos.
Asimismo, el caso evidenció la presencia activa del crimen organizado en Querétaro, un estado que hasta entonces presumía relativa calma en comparación con otras entidades.
Cabe resaltar que, un mes después del ataque armado en Los Cantaritos, se registraron más de 80 establecimientos clausurados por las autoridades en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, puesto que operaban fuera de lo que marca la ley. Incluso, en mayo de este año, el alcalde capitalino Felipe Fernando Macías Olvera lanzó una app para supervisar bares y restaurantes, en la cual se registra el cumplimiento de horarios, aforo y normas de seguridad.
“El operativo interinstitucional de supervisión a establecimientos con venta de alcohol es permanente. Se continúa trabajando de manera destacada en el municipio de Querétaro”, afirmó el pasado mayo del presente año el exsecretario de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez, tras haber clausurado otros tres bares en la capital.
La eventual reapertura del predio —aunque no como bar— abre un debate sobre el uso de espacios marcados por la violencia. La devolución del inmueble a sus dueños no necesariamente implica su olvido: organizaciones vecinales y colectivos ciudadanos previamente manifestaron su deseo de que, en el terreno, no se instale ningún tipo de giro de entretenimiento nocturno, y que, en su lugar, sea un memorial para las víctimas.
Hasta el momento, ya se retiraron los sellos de la FGE, las patrullas que realizaban guardias en el predio, y se reemplazó la lona de resguardo por una negra, que impide ver los trabajos de limpieza que se hacen en lo que alguna vez fue un establecimiento donde se compartieron tragos, diversión y, desafortunadamente, sangre. Las personas encargadas del aseo indicaron que su única instrucción es dejar el lugar como nuevo.
