La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Gobierno mexicano seguirá insistiendo en contra de las armerías de Estados Unidos, luego de la Suprema Corte de ese país bloqueara la demanda de México en contra de dos empresas a las que acusa de fomentar violencia de cárteles.
Desde Palacio Nacional, señaló que no está de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de que no hallara relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México.
“Recuerden que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año emitió un documento, en donde reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos, y la Corte dice que no hay relación entre quién fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo”, expresó.
La Presidenta explicó que esa fue la resolución de una de las dos demandas que interpuso el Gobierno mexicano en contra de productoras de armas, y que la que todavía está pendiente en contra de las distribuidoras y las empresas que venden las armas.
“Vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda, y al mismo tiempo, seguir trabajando con el Gobierno de Estados Unidos, que por primera vez, inclusive el Embajador de Estados Unidos hizo una publicación, que por primera vez reconocen la importancia de que ellos participen en el paso de armas de Estados Unidos a México.
“Vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados, hay receptividad, de que no sólo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México a Estados Unidos, sino que no haya paso de armas de Estados Unidos a México, y allí ha habido receptividad, y vamos a seguir insistiendo en ello”.
Asimismo, apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un registro “muy detallado” de cada arma incautada, que incluye el número de serie y en qué actividad delictiva participó, con el que han respaldado las demandas.
Ayer, la Suprema Corte de Estados Unidos impidió que dos empresas estadounidenses de armas sean demandadas por el Gobierno de México, que las acusó de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de alimentar la violencia armada en el país.
En un fallo de 9-0, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms.
El tribunal de primera instancia había considerado plausible el argumento de México de que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando a su Gobierno.
El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de Estados Unidos que en gran medida protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus armas de fuego son utilizadas en delitos.
México alega que las empresas han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluía a comerciantes de armas de fuego que, a sabiendas, vendían armas a terceros, o compradores “de paja”, que luego traficaban con los cárteles en México.
La demanda también acusaba a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses. Las empresas de armas dijeron que fabrican y venden productos legales.
México tiene leyes estrictas sobre armas y solo cuenta con una tienda donde las personas pueden comprar armas de fuego legalmente. Sin embargo, miles de armas son introducidas de contrabando por los cárteles de drogas del país cada año. El Gobierno mexicano afirma que al menos el 70 por ciento de esas armas provienen de Estados Unidos.
El Gobierno mexicano señala que la mayoría de sus homicidios se cometen con armas traficadas desde Estados Unidos y valoradas en más de 250 millones de dólares anuales.
