El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola señaló que se ha planteado como una medida necesaria la aplicación efectiva de la ley y aumentar las restricciones en trámites administrativos a quienes aparezcan en la Plataforma Nacional del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA), esto lo mencionó al indicar que el número de registros no ha disminuido y que la mayoría de las personas inscritas no están cumpliendo con sus obligaciones de pago.
Desde instancias estatales y municipales, dijo que se han iniciado pláticas con diversas instituciones para que el certificado de no estar inscrito en el RENOA sea requisito en múltiples trámites administrativos. Esta medida busca dar mayor efectividad al registro y fomentar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La implementación de estas restricciones administrativas aún está en proceso de análisis y diálogo con autoridades correspondientes.
Apuntó que entre los trámites que podrían limitarse para aquellos deudores destacan la obtención de pasaportes, acceso a servicios públicos o la postulación a cargos públicos, pues se contempla que para el proceso electoral de 2027, todos los candidatos, candidatas y servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular deberán presentar su certificado de no inscripción en el RENOA.
“Hemos detectado que están cada vez subiendo más, evidentemente porque hay más peticiones a jueces de no pago de pensiones alimentarias, pero no baja, al contrario sube y de los que hay no pagan, entonces tenemos que implementar y poner en práctica la ley que nos mandata, precisamente la ejecución de medidas en donde las autoridades administrativas en su conjunto digan ‘yo no te realizo este trámite o no puedes acceder a este trámite’, ya sea en el estado o en cualquier dependencia, municipio, organismo autónomo, etc”, dijo.
Guerra Urbiola dijo que actualmente, el RENOA funciona como una herramienta de consulta pública, pero sin repercusiones legales tangibles para los inscritos, aunque se pretende que esta situación cambie, con una política que trascienda la publicación en línea y se traduzca en consecuencias prácticas para quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia.
También hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan con jueces o juezas y gestionen la incorporación de deudores al registro.
