La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que exenta a la Fuerza Armada Permanente y a las empresas públicas del Estado de trámites y de la obligación de transparentar las obras públicas a su cargo.
La iniciativa fue avalada con 355 votos a favor de Morena, sus aliados y MC -a excepción de Hugo Manuel Luna, quien votó en abstención- además de 98 en contra de PAN y PRI.
Los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas eliminan la obligación de aplicar la ley a estas instituciones, establece que ya no será requisito celebrar convenios cuando se incremente el monto o el plazo de un contrato en más del 25 por ciento y eleva del 25 al 50 el porcentaje que los contratistas pueden solicitar como ajuste a los costos indirectos y de financiamiento a las dependencias o entidades que los contraten.
El proyecto indica la extinción del Sistema Compranet y la creación, en su lugar, de un Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, e introduce nuevos mecanismos de contratación que permiten la negociación y el intercambio de información durante los procesos de adjudicación.
Entre ellas, las “ofertas subsecuentes de descuento”, que permiten a contratistas reducir sus ofertas después de presentar su propuesta inicial y los “diálogos estratégicos”, a través del cual autoridades y contratistas podrán discutir necesidades, objetivos y expectativas técnicas de los proyectos.
Mientras que Morena aseguró que con la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios se fortalecen los mecanismos de transparencia de la contratación pública, la Oposición criticó que la Sedena, CFE y Pemex queden exentos de la nueva reglamentación y que mediante las nuevas figuras de contratación se favorezca la corrupción, discrecionalidad, favoritismo y clientelismo a empresas cercanas al oficialismo.
La emecista Virginia Reyes reprochó que las modificaciones a la ley excluyan a las obras y servicios que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos, pues durante el sexenio de López Obrador, en las obras insignia, como el AIFA y el Tren Maya, construidos por la Sedena, se usaron 303 mil millones de pesos de manera irregular.
“La opacidad en el desarrollo de las obras ejecutadas por las Fuerzas Armadas ha sido la constante, si de verdad hay un compromiso con la transparencia, se debe integrar un módulo en la plataforma digital que publique los convenios de la Sedena”, pidió.
Héctor Saúl Téllez, del PAN, apuntó que las nuevas figuras de contratación incluidas en la ley, como la licitación con estrategia de negociación, contratación consolidada, diálogo competitivo o estratégico, fortalecen la discrecionalidad.
“Lo que va a pasar es esto: la Presidenta acaba de anunciar que se van a construir siete hospitales en el País y lo va a hacer a través de un convenio con la Sedena, a estas construcciones de estos siete hospitales no les va a aplicar la Ley de Obras Públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que personas como los amigos de los hijos del (ex) Presidente López Obrador van a ser los ganones en los contratos públicos”, denunció.
El priista Arturo Yáñez aseguró que la reforma no busca fortalecer el sistema de contratación de obra, sino proteger la adjudicación directa y fomentar la corrupción e institucionalizar el amiguismo, además de vulnerar los mecanismos de vigilancia.
En tanto, la morenista Juana Acosta sostuvo que con estas modificaciones se fortalecerá la transparencia y reducirán los riesgos de corrupción a través de la implementación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, pues permitirá que los procedimientos sean visibles para los ciudadanos.
