El 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia jurídica de México con la celebración de las primeras elecciones populares para designar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este proceso, derivado de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, establece que los ciudadanos elegirán directamente a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito.
El proceso electoral extraordinario para la elección de 881 cargos se desarrollará en varias etapas clave: La convocatoria y postulación, cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) conformó un Comité de Evaluación encargado de seleccionar a los candidatos para los distintos cargos judiciales. Estos comités evaluaron a los aspirantes y conformaron las listas de candidatos que posteriormente fueron registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La preparación de la elección que incluye la organización logística por parte del INE, la impresión de boletas, la capacitación de funcionarios de casilla y la difusión de información relevante para el electorado; y la jornada electoral: programada para el domingo 1 de junio de 2025.
El INE, como autoridad responsable de organizar las elecciones federales, ha establecido una serie de reglas y plazos específicos para garantizar la equidad y transparencia del proceso a saber. El periodo de campañas ya inició el 30 de marzo y culmina el 28 de mayo de 2025, otorgando a los más de cuatro mil candidatos 60 días para promover sus propuestas entre el electorado. Después vendrá una veda electoral que inicia el 29 de mayo y concluye al cierre de las casillas el 1 de junio de 2025. Durante este periodo, se prohíbe cualquier actividad proselitista. Y en los días posteriores el escrutinio y cómputo de votos y la emisión de los resultados, que no serán el mismo día de la elección.
Para preservar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, el INE ha delineado claramente las actividades que los candidatos pueden y no pueden realizar durante sus campañas. Las actividades permitidas son: la participación en foros y debates, a los que las personas candidatas pueden asistir, y que podrán ser organizados por instituciones académicas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para exponer sus propuestas y debatir ideas.
Durante la campaña las y los candidatos pueden ser entrevistados por los medios de comunicación para dar a conocer su perfil y propuestas; así como, hacer uso de las redes sociales personales, sin comprar publicidad ni seguidores, es decir pueden utilizar las plataformas digitales para difundir información relacionada con su candidatura, siempre que respeten las normativas aplicables. Sin duda está es la forma más utilizada por no decir sobre explotada que hemos visto en las primeras horas de campaña, con mensajes, imágenes y videos que van de la formalidad, al abuso y pitorreo de los cargos a los que aspiran ser electos.
En sentido contrario tienen como actividades prohibidas los actos masivos o eventos multitudinarios en plazas públicas o auditorios, con el fin de evitar influencias indebidas y preservar la equidad en la contienda. Tampoco pueden utilizar publicidad pagada en medios como la radio, la televisión, la prensa y los espectaculares, así como la restricción de hacer publicidad en la infraestructura pública y privada como calles, puentes o bardas.
También son prohibidos el uso de recursos públicos y el financiamiento privados de terceros, el proselitismo en los templos religiosos y centros educativos, y la participación de los partidos políticos, servidores públicos y las instituciones públicas, lo cual ha desatado ya una guerra mediática entre el INE y, la Presidencia de la República y el Congreso Federal, que han amenazado con impugnar esa restricción publicada el fin de semana pasado.
Dado que las campañas no cuentan con financiamiento público, los candidatos deben ajustar sus actividades a recursos propios y 0limitados. Se han establecido topes de gastos de campaña para cada cargo, con el propósito de garantizar la equidad entre los contendientes. El incumplimiento de estos límites puede resultar en sanciones, incluyendo la pérdida de la candidatura. El INE -en acatamiento una sentencia de la Sala Superior del TEPJF-, estableció como límites de gastos de campaña, para cargos de ministros, magistrados electorales nacionales y del Tribunal de Disciplina Judicial, un tope $1,468,000 pesos. Para magistrados electorales regionales de $734,000 pesos; para magistrados de circuito de $440,400 pesos, y para jueces de distrito de $293,600 pesos.
Los candidatos pueden distribuir materiales impresos, como volantes y trípticos, siempre que respeten las restricciones (impresos en papel reciclable, biodegradable y libre de sustancias tóxicas), y no incluyan elementos que difamen a otros contendientes o instituciones. Además, deben abstenerse de utilizar símbolos o referencias a partidos políticos, ya que se busca mantener la independencia partidista del proceso, lo cual no se ha logrado totalmente.
Si bien los actos masivos están prohibidos, los candidatos pueden organizar reuniones con grupos reducidos, respetando las normativas de aforo y seguridad. Estas reuniones deben centrarse en la exposición de propuestas y el diálogo con la ciudadanía, evitando cualquier forma de presión o coacción al electorado. Esto ni siquiera las propias personas candidatas lo tienen claro.
Este proceso electoral extraordinario ha llevado a los candidatos a adaptarse a nuevas formas de comunicación, siendo las redes sociales una herramienta central en sus campañas. Debido a las restricciones impuestas por el INE, que prohíben actos masivos, financiamiento público y publicidad en medios tradicionales, por ello, los candidatos han centrado sus esfuerzos en las redes sociales para difundir sus propuestas y conectar con el electorado. Esta estrategia les permite sortear las limitaciones económicas y tratar de alcanzar una audiencia más amplia.
Los contenidos compartidos por los candidatos en redes sociales se han centrado en difundir su trayectoria profesional, sus propuestas de trabajo, y la participación en foros y entrevistas. Sin embargo, también se ha observado la difusión de contenidos negativos, como la guerra sucia, las bromas, chistes, monólogos tipo stand up, uso de filtros o hasta la promoción de su imagen con fotografías donde exhiben sus atributos físicos en ropa provocativamente sexual.
Hasta la fecha, no se han publicado encuestas oficiales que reflejen el nivel de conocimiento de los candidatos ni la intención de voto, sin embargo, algunos académicos estiman menos del 20% de participación. Esto puede deberse a la novedad del proceso y a las restricciones. Por ello, el INE ha habilitado la plataforma “Conóceles”, donde se pueden consultar la información de contacto, académica y curricular, así como las propuestas de las candidaturas. Hasta el 30 de marzo, solo un 93.61% de los candidatos se habían registrado en ella.
La elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación representa un cambio significativo en el sistema judicial, un cambio paradigmático en la designación de los encargados de impartir justicia. El cumplimiento estricto de las reglas, plazos y condiciones establecidos es esencial para garantizar la legitimidad y eficacia de este proceso, que habrá de ser analizado una vez que culmine. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Poder Judicial tiene una naturaleza política; que las elecciones se ganan con votos; y, que los votos necesitan una estructura de movilización, que los jueces de este país no conocen ni mucho menos operan.
