La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, Teresita Calzada Rovirosa, encabezó la puesta en marcha del Sistema de Seguridad en Accesos del congreso local; aquellos que habían sido colocados desde abril del año 2024.
La legisladora de Movimiento Ciudadano comentó que la reactivación del sistema de seguridad se logró tras un consenso entre la Unidad de Transparencia, la Mesa Directiva y otras dependencias del Poder Legislativo.
Refirió que la puesta en marcha del sistema de seguridad obedece a la necesidad de garantizar la integridad física las personas que diariamente laboran en alguna de las oficinas, así como de los visitantes.
Asimismo, precisó que la inversión para la operación del sistema de seguridad asciende a 1 millón 994 mil 412 pesos; y se trata de un sistema que incluye, por primera vez, la identificación a través de huellas, además de detectores de metal y torniquetes con lectores de tarjetas.
“El sistema de huellas no se había utilizado, es nuevo, ya está habilitado. Creo que es la medida adecuada, se les va a entregar una identificación para que puedan ingresar. Es muy importante porque se llevó a cabo un consenso en la Unidad de Transparencia, junto con la mesa directiva y otras dependencias del Congreso participaron y comentaron”, sostuvo.
Andrea Tovar se desmarca
La presidenta de la Mesa Directiva del congreso local, Andrea Tovar Saavedra, aseguró que estas medidas no fueron autorizadas por su persona, ni por la actual Mesa Directiva, por lo cual afirmó que rechaza categóricamente cualquier acción que pueda derivar en la vulneración de los derechos humanos de las y los ciudadanos, así como de quienes laboran en el recinto legislativo.
“Es importante subrayar que, desde que se autorizó el proyecto de colocación, mi posicionamiento fue en contra, tanto del procedimiento como de limitar el acceso al recinto, por lo cual, reitero mi postura de forma enérgica y contundente”, expresó.
En este sentido, la diputada de Morena afirmó que ha solicitado una revisión exhaustiva de las decisiones administrativas que llevaron a la implementación de estas medidas, “con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos humanos y se actúe con total transparencia y rendición de cuentas”.
