Al recordar que, durante la pasada legislatura, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del estado de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero encabezó un esfuerzo para construir una iniciativa de creación de Ley, señaló que la diputada Teresita Calzada Rovirosa, en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, tomará la batuta en este proyecto.
El legislador aludió a que la iniciativa fue presentada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia que habría evitado generar observaciones a su propuesta.
“Creo yo que los órganos encargados de la aplicación de la ley son muy celosos del trabajo que hacen, pero que llegan al extremo de no concederle a los legisladores capacidad para plantear mejoras en este rubro”, sentenció.
Además, consideró que, si la propuesta es abanderada por un partido de oposición, podría generarse mayor interés en considerar esta reforma.
“Cuando eres diputado del partido en el gobierno, hay funcionarios que, con la confianza que pueda existir por la sana cercanía no resuelven muchas de las peticiones que uno les plantea. Creo que en ese sentido, esta ley, con la presión que puede llegar a generar que la enarbole la encabece un diputado de oposición, la van a mirar con mucha más seriedad y con mucha más importancia”, refirió.
Sin embargo, al dialogar con la diputada de Movimiento Ciudadano, destacó que ya existen normativas y disposiciones legislativas en la materia; por lo que no habría necesidad de modificarlas en torno a su regulación, sino a garantizar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores.
“Hemos tenido diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado; y nosotros, los estudios que hemos realizado en la ley de seguridad pública del estado de Querétaro es que en el artículo sexto y los artículos 52, 53 y 54 determinan perfectamente el funcionamiento, el orden, la certificación y el registro de estas instituciones privadas”, argumentó.
Calzada Rovirosa indicó que solamente los estados de Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México cuentan con una ley en la materia; y el estado de Jalisco ha tenido avances en la conformación de una normativa.
