Luego de una primera temporada de amputaciones, enmendaduras, deformaciones y remiendos del texto constitucional –mismas que han puesto fin a los contrapesos republicanos y a no pocos organismos autónomos propios de la vida democrática– parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha adquirido la manía de reformar la Carta Magna ya no sólo a su antojo, sino constantemente y de forma por demás absurda e innecesaria.
Habiendo anulado en los hechos al Poder Judicial y teniendo a la mayoría del Legislativo como su servidumbre, el poder de la Presidencia se acerca ya bastante a la autocracia. Uno puede entender (nunca justificar) que para alcanzar esa condición haya necesitado reformar la Constitución y asegurarse de que en el futuro nada pondrá en riesgo el talante autoritario de su gobierno; pero francamente cuesta trabajo comprender para qué se toma la molestia de llevar adelante o anunciar tantas y tantas reformas constitucionales que son en el mejor de los casos redundantes.
Sin embargo, la mandataria científica parece gustar del burocrático juego de las reformas y la expedición de nuevas leyes y reglamentos como si al final la ley sí fuera la ley (parafraseando en positivo a su mentor político, quien en una de sus muchas frases célebres dijo “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”). O como si se creyera que reformando el texto constitucional todos los problemas se resolverán milagrosamente. Esa parece ser la lógica de un gobierno que en sus primeros tres meses de gestión ha aprobado unas 16 reformas constitucionales y tiene en puerta, por lo visto, el envío de muchas otras, cada una más innecesaria que la anterior.
Vamos a los ejemplos. El partido de la señora Presidenta tiene numerosos militantes y dirigentes acusados de violación y acoso sexual, pero ninguno de ellos ha sido juzgado y menos aún castigado por eso. Sin embargo, ya se piensa en un nuevo paquete de reformas enfocadas, por supuesto, en los derechos de las mujeres, que incluirán modificaciones a varios artículos de la Constitución. ¿Era urgente este paquete de reformas para que los señores Cuauhtémoc Blanco o Salgado Macedonio comparezcan ante un juez por las acusaciones de varias mujeres en su contra? Desde luego que no. Ha sido la protección e impunidad que les brinda su partido y el gobierno las que los mantienen a salvo ya no digamos de ir a prisión, sino de por lo menos ser llamados a declarar. Así se “protege” a las mujeres, pero más, mucho más a sus agresores.
El pasado 5 de febrero, emblemática fecha que eligió la señora Presidenta para no invitar a la ministra Norma Piña a la supuesta celebración republicana y demostrar, así, que el Poder Judicial le importa un bledo, se enviaron otras dos reformas: una contra la reelección consecutiva de funcionarios públicos y otra destinada a eliminar el nepotismo electoral. De hecho, a estas alturas ya las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado avalaron el dictamen de reforma constitucional en ese sentido.
Todo muy bien. Otro logro del partido en el poder que está dirigido por el hijo de un expresidente de la República y que está coordinado en la Cámara de Diputados por Ricardo Monreal, jefe de un clan familiar que ostenta diversos cargos en el gobierno federal y en su querido Zacatecas. Desde luego, son muchos más los ejemplos flagrantes de nepotismo a cargo de familias como la Alcalde, Nahle o Taddei. Para todas ellas es un gran aliciente que esta ley entre en vigor hasta 2030.
Tanta reforma constitucional tiene, evidentemente, un alto contenido propagandístico: hacer creer a los mexicanos que por primera vez sus derechos están en el texto de la Carta Magna. En esa perspectiva, el pasado 20 de febrero se presentaron reformas relacionadas con la soberanía nacional y el endurecimiento de las penas por tráfico de armas. Como parte de su penosa reacción ante la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, Claudia Sheimbaum confía en que reformando de emergencia la Constitución parará en seco las amenazas que se ciernen contra la soberanía nacional (hoy confiscada por el crimen organizado).
Y todo es nuevamente una farsa. La reforma que se plantea al artículo 40 de la Constitución, por ejemplo, consigna que “el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación”. ¿Antes se aceptaba alguna intervención en ciertas circunstancias? Igualmente se busca no consentir “intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano”. ¿Pasaba algo así antes?
Ahora bien, en los hechos, ¿qué pasaría, supongamos, si un comando de fuerzas especiales de EU ingresaran a nuestro territorio para detener a un capo del narcotráfico? ¿La patrulla militar mexicana más cercana acudiría a capturar a los intrusos y llevarlos ante un juez para que este los condene a “la pena más severa posible”? Me cuesta mucho trabajo imaginarme esa escena, pero por lo visto nuestra Presidenta sí la cree posible, como si la ley sí fuera la ley.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
