El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, dio a conocer que el estado presenta un déficit importante en materia de jueces y magistrados.
En este sentido, reconoció que no es viable que se reduzca este número; ante la propuesta de Morena dentro de la reforma al poder judicial y su homologación en la entidad, de disminuir la cantidad de jueces y magistrados.
“La ONU habla de por lo menos 18 juzgadores por cada 100 mil habitantes; tenemos 3.8. Para que Querétaro pudiera estar en el estándar de la ONU, necesitaríamos otros 450 y tenemos 80. Tenemos que ir a los datos duros, a los estudios internacionales y datos técnicos; no tanto a la posición discrecional o intuitiva que podamos tener nosotros”, refirió.
Y es que existen áreas que se han visto rebasadas por la falta de personal, sostuvo Braulio Guerra; como el caso de los juzgados civiles y familiares. Aludió este fenómeno también a la llegada de 120 personas diariamente a vivir a la entidad.
Por ello, consideró necesario que se contemple en la discusión de la Reforma, la adquisición de herramientas tecnológicas, un nuevo sistema de gestión y la contratación de más personal, para atender la demanda, es decir, una Reforma al poder Judicial local.
“Las salas familiares y los juzgados familiares están desbordadas de trabajo. La sala familiar le reparte el 17 por ciento de su trabajo a la sala civil; y a la segunda sala civil, le reparte el otro 17 por ciento y está desbordado. Es decir, necesitamos más tecnología, más herramientas, desde luego más personal; necesitamos nuevos sistemas de gestión judicial para tener más jueces y poder elevar los estándares que Querétaro tenga”, destacó.
Guerra Urbiola mencionó que el 20 por ciento de la impartición de justicia proviene del Poder Judicial federal; mientras que el 80 por ciento, se hace a través del poder judicial local, ya que se ven los aspectos como procesos civiles, penales, familiares, mercantiles, laborales, entre otros.
Además, recalcó que, para el año 2026, la justicia civil y familiar será “oral”; lo que ameritará el acompañamiento de la legislatura para lograr a la par la armonización del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
