Luego de que se aprobara por mayoría de votos en la primera Sesión de Cabildo de este año en la capital el dar cumplimiento a la Sentencia emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, relacionada con el juicio de amparo 668/2023 referente al ejido El Zapote y en la que se obliga a desincorporar 485 hectáreas de la reserva en favor de la desarrollada Tierra Noble, la administración capitalina advirtió que ingresará nuevos recursos legales para blindar de nueva cuenta la zona.
Durante la Sesión de Cabildo se advirtió que cualquier intento de desarrollo en el sitio se tratará como un delito. La medida es parte de una política integral que abarca 12 mil hectáreas protegidas y busca garantizar la sostenibilidad y calidad de vida en Querétaro.
El gobierno municipal expresó también su inconformidad con el fallo y se comprometió a seguir defendiendo el medio ambiente y los intereses ciudadanos.
La sentencia otorgó al Ejido El Zapote el amparo y la protección de la Justicia Federal, de instruir al Ayuntamiento a desincorporar 485 hectáreas de las tierras de uso común de las más de 12 mil hectáreas declaradas como Área Natural Protegida en la “Zona Occidental de Microcuencas”. Esto excluye esas tierras de uso común de la declaratoria y sus efectos.
En esta sesión ordinaria de Cabildo también se aprobó por mayoría de votos el acuerdo que reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro; dichas modificaciones buscan brindar claridad a las atribuciones de las diferentes unidades administrativas, con el propósito de mejorar el desempeño de sus funciones, así como proporcionar mayor certeza jurídica a los órganos de revisión y auditoría y así favorecer la transparencia y asegurar el adecuado ejercicio de sus funciones.
De igual forma, por mayoría de votos se aprobó el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Querétaro, que tiene como objetivo consolidar un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima utilidad para la sociedad, transparencia, eficiencia y eficacia gubernamental, competitividad, desarrollo económico, modernización administrativa, entre otros.
