El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el pasado 31 de diciembre la reforma con la que en este 2025 entra en vigor la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En la edición vespertina de Fin de Año, realizó el último paso para que entrara en vigor que ahora el juez podrá ordenar esta medida cautelar en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Asimismo, el robo a transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada y Aérea.
Se añade también la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Sin embargo, salen del catálogo de delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal. En el primer caso debido a que se le dará un tratamiento social a la falta, y en el segundo porque involucra a casos de ciudadanos que podrían incumplir con sus obligaciones fiscales.
El artículo que se modifica es el 19 Constitucional en su segundo párrafo y tras su publicación, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias, con base en el decreto.
Por su parte, las legislaturas locales tendrán un año para hacer las adecuaciones normativas necesarias y apegarse a lo que indica la reforma.
Se concreta ampliación de facultades en SSPC Este primero de enero también entró en vigor la reforma que permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) investigar delitos, además de dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad.
El pasado 21 de noviembre, la mayoría en la Cámara de Diputados avaló la reforma que modifica al artículo 21 Constitucional en la materia, luego del aval en el Senado, y el 31 de diciembre de 2024, finalmente se publicó en el Diario Oficial.
A partir de ahora, la SSPC tendrá noventa días para apegarse a las disposiciones que marca el decreto.
Estas indican que el Ministerio Público, la Secretaría que lidera Omar García Harfuch, la Guardia Nacional y las policías estarán a cargo de la investigación de los delitos.
