Ariel González
En su prisa por aprobar varias iniciativas de ley procedentes del Senado, los diputados están listos para iniciar un periodo extraordinario de sesiones el próximo miércoles. Entre las leyes que están por reformar, se haya la del Infonavit, que busca establecer un nuevo marco que monopolice el uso (y abuso) de los recursos de este instituto poniéndolos en manos del gobierno federal.
Después de haber destruido diversos fideicomisos, acabado con diferentes ahorros y castigado el presupuesto en temas esenciales como salud y educación, la sumisa mayoría oficialista se apresta a terminar con los comités y comisiones tripartitas (igual representación para gobierno, empresarios y trabajadores) con los que operaba el Infonavit y así poder tener el control financiero y político de esta instancia creada en 1972 e indispensable para garantizar el derecho a la vivienda de millones de mexicanos.
Para el oficialismo todo esto no debiera ser más que un trámite, pero por esta vez el tema parece estar despertando alguna inquietud por lo menos entre los diputados sindicalistas, algunos incluso de Morena. En un desplegado firmado por 23 organizaciones sindicales el pasado fin de semana, los trabajadores de distintos gremios apuntan: “vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones -con la desaprobación de las entidades calificadoras-, debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas y destruiría un ejercicio de construcción de una política pública única”.
La iniciativa en marcha obedece sin duda al anuncio de la señora Presidenta de que el gobierno construirá un millón de viviendas (500 mil por parte del Infonavit para derechohabientes y otras 500 mil a cargo de Conavi para población no derechohabiente), enfatizando que serán los jóvenes los principales beneficiarios. Al igual que muchas otras de sus promesas de bienestar social, esta suena maravillosa y no podríamos negar que atiende un déficit real.
Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que se está resucitando del peor modo al gobierno constructor de vivienda que ya fracasó antes, pero ahora poniéndolo en manos no sólo inexpertas sino también muy turbias: las del exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien entregó a la empresa petrolera en una dramática situación financiera que nos recuerda por qué el cambio de modelo económico resulto urgente luego de que el gobierno de López (Portillo) fuera incapaz de “administrar la riqueza” que nos tenía prometida; esto es, cuando se tuvo que enfrentar con dura disciplina y dureza la quiebra y endeudamiento en el que había dejado al país la borrachera demagógica de los años 70 y comienzos de los 80.
El fondo para la vivienda que está en riesgo alcanza unos 2 mil 400 millones de pesos. Una vez que el gobierno de Morena tenga acceso a esta suma mediante la reforma que están impulsando, otro elefante blanco, ahora constructor de casas, se estará poniendo en marcha con todo el sello de la casa guinda: incumplimiento de plazos, elevación de costos (¿recuerdan el Aeropuerto Felipe Ángeles, las Refinería de Dos bocas o el Tren Maya?) y una corrupción que sin INAI ya nunca sabremos a cuánto asciende. Pero lo más importante: los trabajadores no tendrán las casas prometidas, o bien, se reproducirán y amplificarán los problemas observados en años anteriores con el agravante de una corrupción desmedida.
En 2019, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –que ya dejó de existir para regocijo de todo el gobierno morenista, pues ahora podrá mentir sobre cualquier cosa– había unas cinco millones de casas abandonadas por todo el país. En este hecho se resumían varios problemas, desde deficiencias en la construcción, lejanía de las mismas, hasta algo muy importante: los derechohabientes terminaban muchas por veces por desocuparlas ante la imposibilidad de seguirlas pagando debido al tipo de préstamos con un tasa de interés que terminaba multiplicando su deuda.
Aun con este antecedente, López (Obrador) recibió un Infonavit que era todavía una institución manejable. Al concluir su sexenio, sin embargo, la tasa de morosidad pasó de 7.8 a 17.5 por ciento; mientras que la cartera vencida era de poco más del 16 por ciento y terminó siendo del doble. La misma fórmula general de su gobierno: no eran iguales, eran peores.
Por lo demás, el impacto que tendrá la constructora gubernamental (favorecida de punt a punta) sobre la industria de construcción de casas de interés social será desastroso: será más difícil que las empresas privadas consigan permisos y hasta mano de obra, lo cual restringirá el acceso a los créditos e incrementará el precio de las casas. Conseguir una casa por fuera del “favor” gubernamental y su constructora será mucho más difícil para cualquier trabajador.
La lógica clientelar seguirá imponiéndose junto con la concentración de recursos en manos exclusivamente del gobierno. Las peores manos, por lo que hemos podido ver en la infinita sucesión de escándalos del gobierno anterior y lo que va de este.
@ ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
