El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, recientemente firmado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, junto con los 32 gobernadores del país, representa un compromiso que no se había visto y que pretende ser de amplio alcance para enfrentar la crisis hídrica en el país. Este acuerdo tiene como objetivos principales garantizar el acceso equitativo al agua, proteger los recursos hídricos y promover un manejo sostenible y responsable del agua en todos los niveles del gobierno y la sociedad.
El acuerdo establece 10 ejes prioritarios que incluyen garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada, hacer eficiente su uso en actividades productivas, promover la innovación tecnológica para el tratamiento y reutilización del agua, y restaurar los principales ríos contaminados, como el Lerma-Santiago, Tula y Atoyac. Además, busca fortalecer la infraestructura hídrica mediante inversiones coordinadas de los tres niveles de gobierno y ordenar las concesiones de agua para evitar prácticas irregulares.
La firma de este acuerdo resalta la necesidad de una gestión colaborativa y transversal que involucre no solo al sector público, sino también al privado y a la sociedad civil. La presidenta Sheinbaum subrayó que el agua debe considerarse un derecho humano esencial, no una mercancía, y que su manejo debe priorizar el bienestar social y el desarrollo sostenible. Este enfoque refleja una visión a largo plazo, integrada en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que busca asegurar la sustentabilidad hídrica en el país.
Un aspecto relevante es la inclusión de gobernadores de diversos partidos políticos, lo que demuestra un esfuerzo de unidad nacional en torno a un tema urgente que afecta a 35 millones de mexicanos. Sin embargo, el éxito del acuerdo dependerá de su implementación efectiva, de la transparencia en el manejo de recursos, por supuesto la evaluación periódica de avances y sobre todo de la voluntad política de ver el agua como un mecanismo de unidad por el bien de la población mexicana.
Hoy veo como un paso significativo el Acuerdo Nacional por el Agua para poder caminar hacia la solución de la crisis hídrica en México. Si bien plantea retos considerables, su enfoque integral y su respaldo multisectorial ofrecen una oportunidad para garantizar el derecho al agua como base para el desarrollo equitativo y sostenible del país.
