La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) debatió este martes la controvertida Reforma al Poder Judicial de México que inició Andres Manuel López Obrador (AMLO) y está coronando su sucesora Claudia Sheinbaum.
La audiencia presidida por Roberta Clarke se inició con la defensa del gobierno de México, que fue ejercida por Luz Baños – embajadora mexicana en la OEA- y José Antonio Montero Solano, consejero jurídico de Sheinbaum.
Baños y Montero Solanasexpusieron durante 20 minutos, donde hicieron una reivindicación absoluta de la propuesta que diseñó AMLO y pone en marcha la actual presidenta de México.
“La reforma está vigente, no acepta un control jurisdiccional. Acerca la justicia a la gente, esta reforma ya es una realidad en México”, sostuvo Montero Solana ante el plenario de la CIDH.
“El apoyo popular fue apabullante, fue una decisión de la soberanía popular”.
Carlos Bernal Pulido, especialista en Derechos Humanos del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, cuestionó la decisión política del gobierno mexicano. “Es sospechoso que se plantee la elección popular de los jueces”, consideró Bernal Pulido.
Marieclaire Acosta, presidenta de Justicia Transicional de México, condenó el uso de las mayorías populares para avanzar sobre la independencia judicial.
“Se remplazará el mérito por la popularidad, sostuvo Acosta.
Carmen López, jueza mexicana, aludió al nepotismo vinculado a la reforma diseñada por AMLO y apoyada por Sheinbaum. “Se trata de la violación a todos los derechos humanos en México”, afirmó López.
La presentación del caso ante la CIDH se extendió por 90 minutos y corrió sobre dos ejes esenciales: la pérdida de pesos y contrapesos ante la designación de magistrados que se formaliza desde una plataforma política, y los riesgos que implica esta metodología partidaria para la independencia judicial.
