A nadie escapa que 2024 ha sido un año que nos exhibe la fragilidad del sistema hídrico mexicano. La sequía y la sobreexplotación pusieron en niveles críticos a las presas y los grandes cuerpos de agua.
En febrero, la CNA reportaba que las 210 principales presas, con capacidad para almacenar el 92% del agua, se encontraban al 50% de su capacidad y habrían de reducirse más en los siguientes meses de estío hasta llegar al 30% o menos. Medios de comunicación nos mostraron también lagos secos en Michoacán, Guanajuato y en Jalisco el lago de Chapala apenas ha recuperado volumen al llegar a 62% de su capacidad.
Según reporta el diario “El Informador” (19/10/24), la CNA ha informado que, al terminar la temporada de lluvias, los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora enfrentan una grave escasez de agua para diversos usos, teniendo entre el 23 y el 44.2% de su territorio en sequía extrema o severa y un estudio sobre la sustentabilidad hídrica de México elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del agua considera a esta región noroeste del país como no sustentable.
El resto del país, que muestra recuperación en sus embalses y corrientes de agua gracias al temporal reciente, tampoco puede ufanarse de estar libre de problemas. Aproximadamente se estiman en 1,457 los ríos, arroyos, riachuelos y otros afluentes, los existentes en el territorio nacional y pertenecen a 757 cuencas hidrológicas que se agrupan en 37 regiones distribuidas en 13 regiones administrativas. Notoria la reducción de la competencia de atención oficial a ese universo.
La recuperación de éstos es imputable al temporal, lo que quiere decir que en materia hidrológica estamos a la disposición de la naturaleza pues si algo más se evidenció es la ausencia de la autoridad en el control de las cuencas. La política gubernamental es una política de enunciados y buenos propósitos que carece de sistemas de evaluación que permitan, a partir de diagnósticos puntuales de cuencas y cuerpos de agua, someros y subterráneos, se realicen las acciones pertinentes.
En términos generales, todos sabemos que la mayoría de nuestros ríos y arroyos se encuentran contaminados, que los mantos freáticos son sobreexplotados, y que las recargas son insuficientes; que el consumo en los hogares es dispendioso y que la agricultura y la industria no tienen supervisión ni control sobre los volúmenes que utilizan, pero no vemos que se esté haciendo algo al respecto.
Los esporádicos informes de las autoridades estatales, como la de Jalisco, reportan inversiones importantes en el saneamiento del Río Santiago y la Federación ha respaldado el saneamiento de la cuenca entera Lerma – Santiago, pero la falla está en el énfasis en la limpieza y tratamiento y no en la prevención, es como invertir dinero en secar el charco cuando se mantiene la llave abierta.
La responsabilidad de la política hídrica nacional es compartida por dos dependencias fundamentalmente, la CNA y la Secretaría de Medio Ambiente y en el tema de recuperación de cuencas debiera participar activamente la Comisión Nacional Forestal. Hasta ahora, no se nota una participación coordinada, ni la elaboración de un plan o programa conjunto para que se correlacionen la conservación de las fuentes de abastecimiento, su protección y recuperación, junto con la distribución, el consumo y el saneamiento. Como están las cosas, un buen temporal dará un respiro, pero el problema seguirá creciendo hasta hacer ciertos algunos pronósticos que ya auguran un año cero para la disponibilidad de agua.
Creo que la autoridad no ha dimensionado la magnitud del problema. Un reciente Estudio de Watermark, que revela datos sobre el agua y el medio ambiente en 15 países nos dice que el 92% de los mexicanos está preocupado por el medio ambiente y particularmente por el acceso a agua limpia y segura, además, el 71% considera que el acceso al agua es una preocupación urgente y el 28% cree que será un problema mayor en el futuro.
Obviamente este estudio privilegia el consumo humano, pero la falta del recurso afecta a la producción agropecuaria, a la industria y cancela o posterga el desarrollo del país. No se puede seguir dependiendo de los buenos temporales, se requiere de una política pública transversal, apoyada con suficientes recursos, no para construir más presas o acueductos que luego no tendrán agua, sino para recuperar la capacidad de regeneración de las cuencas hidrológicas, el saneamiento de los ríos y ordenar el consumo, particularmente en los usos agropecuarios e industrial.
El compromiso individual para el uso consciente y racional es necesario, pero la acción institucional es impostergable. El agua ya es un asunto de seguridad nacional, de viabilidad de futuro y necesita más que planes de escritorio y declaraciones de buenas intenciones.
