Ariel González
No, no somos Dinamarca. En ningún sentido, por desgracia. Si en algún momento la mentira que nos comparaba con esa nación nórdica se llegó a convertir en un chiste cínico sobre nuestro sistema de salud, me queda claro que ninguna autoridad podría tener la misma ocurrencia en materia de seguridad y delincuencia sin recibir por lo menos un insulto. En Dinamarca hay seguridad y, más aún, certeza jurídica, mientras que aquí vivimos, además de la violencia, una creciente ola de fraudes que nos amenaza a todos por igual.
Nada más levantarnos y salir al trabajo supone un ejercicio de estado de alerta que debe ser permanente si no queremos regresar a casa birlados. En cada interacción con proveedores de servicios, bancos, vendedores o personas que nos solicitan algo tenemos que “estar a las vivas”, porque sabemos que no son pocos quienes buscan aprovecharse de nosotros. Las tecnologías de la información, para colmo, han multiplicado las posibilidades de que el crimen organizado acceda a nuestros datos para intentar engañarnos y consumar alguna forma de fraude.
Así pues, como ciudadanos no sólo tenemos que cuidarnos de los asaltos violentos en el transporte público, en la calle, en los taxis, sino estar atentos a ese tipo de robo más sofisticado que no va a emplear violencia ni amago, pero que también nos despojará de nuestro dinero o bienes, muchas veces sin que lo lleguemos a advertir de inmediato.
Una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) señalaba el año pasado que el fraude es uno de los delitos más frecuentes en México. Este estudio, realizado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, mostraba que diariamente se registran 15 mil fraudes. La cifra, entonces y ahora, no deja de ser una aproximación puesto que sabemos que muchas de las estafas –y menos todavía los meros intentos de llevarlas a cabo– no son denunciadas.
Las tretas, fachadas y montajes de que se valen los defraudadores no dejan de ser sorprendentes. Nadie puede sentirse invulnerable frente a las muchas trampas que son capaces de idear esta clase de delincuentes. No sólo imitan procedimientos o falsifican documentos, sino que también actúan y fingen honestidad. Su engaño es frecuentemente cara a cara y todos podemos caer en uno de sus garlitos. Cuando infortunadamente eso sucede sólo nos queda acudir a las autoridades y esperar a que se haga justicia.
Ese es el caso de la víctima de unos defraudadores que, simulando ser propietarios de un viñedo en el Valle de Guadalupe, Baja California, le “vendieron” dos lotes en más de 19 millones de pesos. Colgándose de las muchas historias de éxito que rodean a la industria vinícola de esta región (ojo, Querétaro), dos supuestos arquitectos, Nacim “N” y Diego “N”, así como un presunto corredor de arte, Enrique “N”, perpetraron este fraude por el que ahora son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La fiscalía en cuestión lleva adelante esta investigación a través de la Fiscalía Especializada en Robo con Violencia Patrimonial y Cuantía Mayor. En la carpeta TLA/FNC/HUI/039/257577/20/10 queda claro tanto el modus operandi de los defraudadores como el calvario que ha vivido desde entonces la víctima. Los pagos que esta realizó fueron a la cuenta bancaria de una entidad que se denomina FAD & Arquitectos. Cada uno de los depósitos que se hicieron y sus cheques respectivos están debidamente registrados en la carpeta de investigación.
Todo comenzó en 2017, cuando la persona defraudada –cuyo nombre se ha reservado para su protección– realizó los pagos correspondientes para la compra de los supuestos lotes en el Valle de Guadalupe. Sin embargo, no fue sino hasta enero del 2020 cuando descubrió que el predio no estaba dividido en lotes y que nadie conocía a los supuestos vendedores.
El fraude fue confirmado mediante la investigación llevada a cabo por asesores jurídicos contratados por la víctima, quienes determinaron que el contrato de compraventa que esta había celebrado carecía de objeto. Igualmente, todo esto quedó asentado en la sentencia dictada por el juez 15 de lo Civil, en el expediente 488/2023, que estableció la nulidad del contrato y ordenó, a los implicados en el fraude, la devolución de los recursos obtenidos.
Este caso ilustra la facilidad con que en México unos vivales pueden planear e instrumentar un fraude millonario. Sin embargo, el mayor incentivo para la delincuencia parece ser la impunidad, esa certeza de que por muchas atrocidades que cometan la justicia no los alcanzará. Ojalá la Fiscalía del Estado de México, que ha tomado este asunto en sus manos, pueda contribuir a acabar con esa percepción y estimule, con su actuación, la denuncia ciudadana y la confianza en las autoridades.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
