Verónica Gascón
La informalidad laboral es un lastre que tendrá que cargar la Administración de Claudia Sheinbaum, destacó el observatorio Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el número de personas que no contaban con seguridad social ni derechos laborales era de 32.8 millones y ahora suman 35.5 millones, es decir, 60 por ciento de la población ocupada, según datos de Inegi.
“Son 35.5 millones de personas con trabajos sin acceso a la salud, sin las coberturas y beneficios del seguro social, sin derechos laborales”, destacó el observatorio.
Añadió que la informalidad no sólo se asocia con personas que no pagan impuestos y ambulantaje, implica no tener acceso a los servicios de salud, sin derecho a estancias infantiles, ni pensión en caso de enfermedad, accidente o maternidad, así como carecer de ahorro para el retiro, jubilación, recursos y financiamiento de vivienda, entre otras prestaciones.
Los trabajos sin seguro social bajaron en el sexenio de 62 a 60 por ciento de la población ocupada.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana, alertó que con Sheinbaum no se toca el tema de la informalidad.
“Parece que (el tema) no está, sobre todo su comprensión desde la raíz; lo que sí está es el intento de lograr la cobertura universal de salud, pero no se asocia la relación entre eso y cómo rompemos esta tendencia de trabajos informales”, explicó.
A nivel global, México ocupa el lugar 45, de 72 países con mayor tasa de informalidad laboral, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo.
En América Latina: tiene más del doble de informalidad que Uruguay, el doble que Chile, 19 puntos porcentuales más que Brasil y 17 más que Costa Rica.
En este rubro, está un poco mejor que Colombia (medio punto menos), que El Salvador, Paraguay y Ecuador (entre 11 y 12 puntos menos).
“Sin embargo, es evidente que estamos muy lejos de los países desarrollados como Alemania, España o Francia”, advirtió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
