El modelo de país que se está configurando con la nueva hegemonía partidista y el control absoluto del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, nos lleva a un autoritarismo legal, democrático, aunque las dos últimas palabras parecieran no embonar con la primera. La concentración de poder en el titular del Ejecutivo y la consolidación de la alianza política y militar parece tener como único objetivo negar la realidad.
Así ha sido hasta ahora; controlando la narrativa se eluden temas sensibles, la política se privilegia por sobre la administración y el triunfalismo del que se va documenta el optimismo de la que llega.
Nada indica que las reformas impulsadas en las postrimerías de esta administración redunden en beneficios inmediatos y en cambio abren un amplio horizonte de incertidumbre. La reforma judicial, condiciona la existencia de un verdadero estado de derecho, por la presencia de jueces inexpertos sujetos a la vigilancia de un aparato inquisitorial y un régimen para el cual la justicia tiene apelativos, pues si no es social no es justa.
La integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no resuelve, como no lo ha hecho hasta ahora, la grave inseguridad con la creciente presencia del crimen organizado y darle facultades de investigación sin explicar cómo embonará con las facultades del ministerio público y autoridades civiles del ámbito estatal, abre espacios a la impunidad.
La repercusión del desaseado proceso para aprobar estas y otras reformas, deja al descubierto que lo importante no era componer lo descompuesto, ni hacer incorruptible un sistema que dijeron corrupto. Lo importante era obsequiar esta transformación de papel a un presidente urgido de pasar a la historia como reformador.
Los costos de la obsesión presidencial condicionan sobremanera a la administración que le sigue pues deja una herencia pesada en materia presupuestal y financiera. Durante 7 meses de 2024, el gobierno disparó el gasto en 11% mientras que los ingresos crecieron solo 3%, ocasionando un grave desequilibrio fiscal. Para resarcirlo el gobierno tendrá que reconsiderar las prioridades del gasto. Poco se puede hacer con el gasto corriente de las áreas administrativas y seguir recortando el gasto en mantenimiento de carreteras, en salud, educación etc., es colapsar por completo la administración.
Sin duda pesan mucho los subsidios y los costos remanentes de las obras emblemáticas de la transformación; Tren Maya, línea aérea Mexicana, Aeropuerto Felipe Ángeles, corredor económico y ferroviario del Istmo, y si agregamos los apoyos a las ahora empresas paraestatales Pemex, CFE, Salinera Guerrero Negro etc., la carga es gruesa. Pesan notablemente más, los costos del servicio de la deuda pública y los egresos crecientes en pensiones y becas del Bienestar.
Para la nueva administración sortear el reto de disminuir el alto déficit (6%) con el que recibe, implicará no solo disminuir más las capacidades de servicios institucionales, sino también buscar las formas para aumentar los ingresos fiscales. La habilidad de las autoridades hacendarias ha hecho virtualmente imperceptibles algunas formas de disminuir el gasto pasando el costo a la ciudadanía; van varios meses que el apoyo al IEPS en gasolina Premium y Diesel se retira y en semanas recientes se retiró también a la gasolina magna pasando de costar 19 pesos a 24, lo que dificulta al Banxico el control de la inflación.
En contra, tiene ya también varios meses que eximen a Pemex del pago de la utilidad participable, es decir lo que ganan con una mano lo tiran con la otra. No será fácil recuperar el crecimiento económico máxime si anotamos el efecto de la reforma judicial y las restricciones que la administración ha puesto a la minería y otras actividades.
Dura tarea para el Banco de México, tratar de controlar la inflación sin detener la economía, en un entorno donde las políticas públicas parecen ir en sentido contrario.
Difícil será también para la administración entrante, ganar la confianza de los inversionistas renuentes a invertir en un país donde la incertidumbre reina. Las declaraciones de la presidente electa apoyando el sentido y tono de las reformas no infunden la confianza necesaria.
En el ámbito comercial internacional, Sheinbaum tendrá que evaluar si conviene no alinearse geopolíticamente con nuestro principal socio comercial. La penetración de inversión China y el coqueteo con países como Cuba, Venezuela, Bolivia, deberían llevar a pensar que tan conveniente es no alinearse geopolíticamente con nuestro principal socio comercial.
La situación económica impide a este gobierno invertir lo suficiente en el desarrollo económico y la inversión privada habrá de seguir retraída mientras el gobierno no pueda garantizar seguridad, legalidad y confianza. Nada de eso será posible si el autoritarismo y las pulsiones nacionalistas siguen dominando la actuación gubernamental.
Saber qué sigue es difícil con un gobierno con instituciones civiles débiles, finanzas precarias, estructuras militares fuertes y una tendencia autoritaria orientada a mantener su hegemonía.