Este 24 de septiembre, arrancó el proceso de audiencias por el delito de negociaciones ilícitas en agravio del servicio público municipio de Querétaro; en contra de Ramsés “N”, exempleado del gobierno capitalino, acusado de haber hecho mal uso de recursos públicos del programa Tu Beca y el de Apoyo económico emergente por COVID-19, en 2020.
Durante los dos días que lleva la audiencia, de parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se han citado a declarar al momento al menos a 19 personas; entre ellas, el aún secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio, Arturo Torres Gutiérrez, quien el 1 de octubre ocupará un cargo estatal.
La audiencia inicial tuvo una duración aproximada de ocho horas, a la que acudieron 10 declarantes; mientras que la audiencia de este jueves tardó cinco horas, con nueve declaraciones; y se espera que sostengan audiencia este viernes.
El vinculado a proceso cuenta con una medida cautelar por lo que fue detenido en el estado de Hidalgo en noviembre de 2023; sin embargo, existen otros dos funcionarios vinculados, de nombre José Julián “N” y “José Antonio “N”, quienes también están siendo acusados de generar “beneficiarios falsos” en algunos de los programas; y en la falta de entrega del monto estimado de las becas que se dispersarían en el segundo semestre del año citado. Estos dos últimos tramitaron un amparo.
En el caso del programa “Tu Beca” de 2020, se revisaron alrededor de 9 mil expedientes de beneficiarios, en los que se encontraron irregularidades en mil de ellos, lo que sugiere que el daño a las arcas municipales ascendería a tres millones de pesos.
Sobre el programa de apoyo emergente por la pandemia de COVID-19, se señaló la revisión de 3 mil 204 expedientes de igual número de beneficiarios de entrega de tarjetas bancarias con un monto de 4 mil pesos; que representan 12 millones 816 mil pesos. Además de presentar la presunta creación de 840 beneficiaros “falsos”, lo que representaría el daño de 3.3 millones de pesos.
En noviembre de 2023, el entonces titular del Órgano Interno de Control capitalino señaló que se entrevistó a 58 servidores públicos por este caso; además de que se revisaron más de 15 mil expedientes de solicitudes de beneficiarios para efecto de poder determinar si existía o no un actuar irregular.
