- El paro de la Judicatura Federal, es un hecho inédito en 200 años
- Martes de esta semana sabremos si avanza o no la Reforma Judicial
- ¿Decidiría Suprema Corte expulsar reforma del orden constitucional?
- Arturo Zaldívar estaba en contra de elección de jueces y ahora aprueba
¡Qué país!
México vive hoy un proceso inédito con la llamada reforma judicial, en la que pueden advertirse tres elementos distintivos, de acuerdo con expertos constitucionalistas consultados por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.
El primer elemento distintivo es que la Suprema Corte nunca había dejado de sesionar en el siglo XX, salvo alguna etapa aciaga de la Revolución, o durante el sismo de 1985. El paro de la Judicatura Federal es un hecho inédito a 200 años de la Constitución de 1824.
El segundo es que nunca el Ejecutivo de la Unión había denostado a un Poder tachándolo de corrupto como lo ha hecho el actual presidente con el Judicial.
El tercero es que México tiene una constitucionalidad jurisdiccional: una Corte con funciones constitucionales, y los instrumentos protectores de la Constitución: el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de constitucionalidad, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, las resoluciones de organismos no jurisdiccionales como la Comisión de Derechos Humanos y otros, o la facultad de atracción de la Corte, que siempre poseen como base el ejercicio de los derechos de las minorías y la respuesta del tribunal constitucional, que debe ser imparcial, comprometido con el cumplimiento de la Constitución y ajeno a la politización de la justicia.
Con el modelo que se está proponiendo y que ha provocado pare el Poder Judicial, los organismos internacionales de observación de derechos humanos y de aplicación de la justicia consideran que se están violando varios principios: el de la autonomía judicial, el que un poder hostigue al Judicial, el principio de la politización de la justicia y la inamovilidad judicial, indispensables para la defensa de la Constitución.
Hoy lo que está en disputa es que las autoridades jurisdiccionales han resuelto suspensiones provisionales contra el avance del proceso en las Cámaras del Congreso y otra más que de prosperar las resoluciones del Congreso se turne la minuta a proyecto de decreto a las legislaturas de los Estados.
Pero además hay una suspensión definitiva al proceso legislativo por violación de garantías. La tesis de licenciatura del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el queretano Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -hoy ardiente defensor de la iniciativa de AMLO- trata del juicio de amparo por violaciones a reformas constitucionales y expresamente hay párrafos en donde dice estar en contra de la elección de jueces para no politizar la justicia-
El problema es que estamos viviendo una etapa de populismo en el Poder Ejecutivo, que, puede llevarnos a una etapa de populismo a nivel Judicial, si los jueces tienen que hacer campaña y hacer de resolver problemas a los electores que no tendrán manera de exigirle el cumplimiento de la ley, si no de sus propias pretensiones como partes de un juicio.
Dicho claramente: la legitimidad de los jueces constitucionales no depende de un proceso electoral, si no de su compromiso con la Constitución.
¿Diríase que hay una colisión de poderes y una anulación de la naturaleza del Poder Judicial, al someter a votación popular y a tómbolas a los candidatos a jueces, magistrados y ministros? Falta un ingrediente en la ecuación, que es el sometimiento del Legislativo quien que con una sobrerrepresentación por encima de lo que establece el artículo 54, donde deben ser adminiculadas las fracciones primera, cuarta y quinta, esto es, que solo tienen derecho al reparto de plurinominales los partidos que hayan tenido candidatos en los 200 distritos.
Hubo un acuerdo posterior del INE que dio validez a las coaliciones como partidos, pero el artículo 54 solamente habla de partidos, y a cada uno les dieron la sobrerrepresentación, cuando ninguno cumplió con los requisitos de haber tenido candidatos en los 200 distritos. Por lo tanto, tenemos un problema de cuestionamiento sobre la legitimidad democrática del Legislativo sobrerrepresentado, abyecto y obediente al Poder Ejecutivo. En consecuencia no hay una colisión entre el Ejecutivo y Judicial, si no una coalición de poderes, Ejecutivo y Legislativo contra otro, el Judicial.
Ahora, se habla de la mayoría calificada en el Senado que podría alcanzarse con una interpretación de considerar como mayoría calificada, la que hasta este momento no se reconoce, por la cosa de los por cientos. Se han hecho cálculos alegres en el sentido de suponer que quienes ganaron todo lo pueden todo, pero la sabiduría democrática del pueblo de México no les dio la mayoría calificada en el Senado y todos los senadores de oposición han declarado que votarán en contra. De ser así, no prospera la reforma.
¿Y qué pasa si se vota en el Senado con una interpretación supuestamente matemática como la que da Adán Augusto López, se envía a los Congresos locales y lo aprueban? ¿Qué puede pasar en esta rebeldía ante el Poder Judicial?
La Constitución tiene la salida para todas aquellas violaciones al orden constitucional y en el caso de una ley que haya sido aprobada, contrariando el procedimiento legislativo que establece el artículo 133, que las reformas a la Constitución requieren dos terceras partes, 85 no son dos terceras partes de 128, por lo tanto, no se aprueba la reforma y si así lo hubiera considerado el Ejecutivo, debe ser expulsada del orden constitucional.
Hay quienes dicen que es un golpe de Estado, como el de Huerta contra Madero. Lo que vemos es un proceso legislativo en curso al que no deberíamos anticipar juicios definitivos, dado el anuncio público de los partidos de oposición que han advertido que votarán en contra. De ser así la Reforma no prosperará.
Finalmente, este martes y miércoles sesionarán los senadores, entonces sabremos si los 43 de oposición mantuvieron su postura y también este martes sesionará la Suprema Corte para resolver si le da o no ¡Jaque Mate! a la reforma judicial.