El tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) tenía implícito que México se asemejara más a las democracias anglosajonas de la región. Para que el tratado pudiera ser aprobado se necesitaba comunicar sus componentes comerciales y jurídicos pero, más importante aún, los atributos del país con el que Estados Unidos y Canadá se estaban asociando y responder a las preguntas: ¿Qué país es México? ¿Qué instituciones tiene? ¿Se cumplen sus leyes? ¿Tiene equilibro de poderes? ¿Se respetan los derechos humanos? ¿Se defiende a la propiedad privada? ¿Se persigue a los delincuentes y al crimen organizado? ¿Se cuentan correctamente los votos? ¿Existe libre competencia? En suma, ¿se parecen a nosotros?
En ese momento, para muchas de estas preguntas la respuesta obvia era que no. Durante la década de los años 1980, México había sufrido una seria crisis de imagen con Estados Unidos por el creciente poder del narcotráfico, en especial por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, y en 1990, por la declaración del escritor peruano Mario Vargas Llosa en el sentido de que México era la “dictadura perfecta”. La imagen de México estaba muy dañada y nadie esperaba que una mayor integración bilateral recibiera una recepción positiva entre los estadounidenses o canadienses. Para ellos, México era un país con gente alegre y hermosas playas, pero con un gobierno corrupto y autoritario y una economía proteccionista. Estaba muy lejos de ser el socio ideal. Era una novia poco atractiva para un matrimonio.
Por eso, la apuesta temeraria del primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y del presidente George W. Bush, era vestir a la novia y lograr que sus ciudadanos aceptaran que una mayor integración económica llevaría a México a transformarse en un país como el de ellos.
Y la apuesta se cumplió. A partir de 1990, México sufrió una transformación institucional sin precedentes. Surgieron órganos independientes para responder a las expectativas de los socios comerciales. Por ejemplo, se crearon la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990) para castigar los abusos de autoridades, el Instituto Federal Electoral (1990) y el Registro Federal Electoral para eliminar el fraude electoral, la Comisión Federal de Competencia (1992) para promover un ambiente empresarial sin monopolios o evitar la dominancia económica de una empresa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (1992) para evitar que empresas contaminantes se establecieran en México, o la Comisión Federal de Telecomunicaciones (1996) para promover la modernización de ese sector. Se construyó un entramado institucional para atender las inquietudes de los socios comerciales de México y parecerse más a ellos.
En lo político, seis años después de que entró en vigor el TLCAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, con diferentes siglas, había gobernado México desde 1929, perdió la presidencia y comenzó un proceso de alternancia. Entre 2000 y 2024 se llevaron a cabo en cinco elecciones presidenciales y tres partidos distintos gobernaron al país. A excepción del resultado electoral de 2006, ninguna elección presidencial del siglo 21 fue cuestionada.
No obstante, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, varias de las decisiones, políticas y leyes que México ha impulsado han causado gran inquietud en Estados Unidos y Canadá. La situación se ha agravado con la elección de junio de 2024, en que de Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con una abrumadora mayoría y su partido, Morena, quedó con el control absoluto de las dos Cámaras del Congreso y de las legislaturas de la mayoría de los estados de la República, suficientes para realizar cambios constitucionales sin necesidad de negociar los partidos de oposición.
En los próximos días, el gobierno mexicano puede aprobar reformas constitucionales y leyes que permiten la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia y jueces; que integran a los organismos independientes de competencia, energía, telecomunicaciones, o transparencia, a la estructura formal del gobierno; y que dan preferencia a las empresas de energía del estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, sobre las empresas privadas de Estados Unidos y Canadá. Los contrapesos de una democracia se verán debilitados o completamente eliminados.
Lo que temen Estados Unidos y Canadá es tener como socio a un México con un partido hegemónico que controla el Congreso federal y gobierna 24 de 32 entidades de la República; que ha eliminado órganos autónomos que sirven de contrapeso a decisiones del gobierno, que cuenta con un sistema judicial susceptible a la presión política y del crimen organizado, y que carece de una oposición política y sociedad civil que sirvan para equilibrar el peso de la maquinaria del estado.
Internamente, lo único que puede moderar al gobierno es el decoro, la mesura y la autocontención y, externamente, la reacción de los mercados financieros y las preocupaciones de sectores empresariales. Fuera de eso, nada impide al gobierno continuar con el plan de transformación política y social que no entienden los gobiernos y grupos empresariales de América del Norte.
Quienes vieron con esperanza que los efectos secundarios de un tratado comercial en América del Norte llevarían a la convergencia de sus naciones, hoy tienen la impresión de que el proceso sufre una preocupante reversión. Los tres socios ya no comparten los mismos valores y prácticas democráticas. Uno de ellos ha desviado el rumbo. Hoy, México se está convirtiendo en un país que es menos como ellos.
CEO de OCA Reputación
@aocaranza
