A nadie debe sorprender si el Tribunal Federal Electoral confirma la sobrerrepresentación de la coalición gobiernista en el Congreso. No hay en la mayoría dominante de magistrados, al menos no se advierte de su actuación, una visión del contexto democrático que le permita hacer una interpretación del sentido de la ley, creada precisamente para eso, evitar la sobrerrepresentación.
Si el objetivo del legislador era ese, no debe ser la interpretación literal la procedente si al hacerlo se logra precisamente el efecto contrario para lo que fue creada.
Se entiende que los consejeros del INE se pronuncien por esa interpretación literal, porque la función de ellos no es interpretar sino cumplir con la letra de la ley, pero el juzgador no tiene excusa, el sí debe hacerlo, es su función, es lo que los hace diferentes a un policía o a cualquier lego.
Si el articulado constitucional fue diseñado para evitar la sobrerrepresentación, resulta aberrante que su aplicación literal lo permita. Una actitud responsable sería corregir esa deformación del contenido de la ley, pero es casi seguro que no lo harán, se han mostrado, al menos su precaria y artificial mayoría, servicial al poder.
Tampoco debe sorprender que en la Cámara de Diputados se aprueben al vapor, sin reflexión, sin entender las consecuencias de lo que aprueban, iniciativas presidenciales que trascienden el periodo de quien las propuso. Es lamentable que, ante los argumentos presentados para evitar la aprobación en los términos absolutos como fueron presentadas, solo esgriman, a falta de razones, que así lo quiso la mayoría con su voto en junio.
Un legislador responsable debería estar consciente de que las mayorías se equivocan, en especial cuando están parcial e interesadamente mal informadas, y que nunca tener la mayoría es un argumento en contra de la irracionalidad e inconveniencia de lo que se aprueba.
El momento social y económico que está pasando el país, y las condiciones en que habrá de recibir la administración el gobierno federal entrante, no son propicias para aprobar leyes como la que habrá de transformar al Poder Judicial, o la que elimina los órganos autónomos y la que modifica y centraliza el control y la organización de los procesos electorales.
En el fondo, ya se ha dicho con sobrada insistencia, lo que buscan estas reformas es consolidar el poder del titular del Poder Ejecutivo, sin contrapesos ni obstáculos legales para sus decisiones y actos. No importa si por proteger al ejecutivo se desprotege al ciudadano, pues se trata de fortalecer al estado, al menos así se frasea en los círculos gubernamentales.
A muchos sorprende que, en el último semestre de su actuación, el presidente esté proponiendo reformas que pudo haber promovido desde el inicio de su mandato, cuando tuvo mayoría en el Congreso, pero no debiera sorprenderlos…no lo sabía, no tenía proyecto. La Cuarta Transformación se ha ido construyendo con ocurrencias, la mayoría con severas consecuencias económicas.
Transformar el sistema de salud con el INSABI sustituyendo al Seguro Popular fue un fiasco que costó varios miles de millones de pesos; consolidar la soberanía energética costó billones de pesos inyectados a PEMEX y se sigue importando gasolina y gas; se canceló la construcción de un aeropuerto con un costo de 300 mil millones y se construyó otro, alejado, limitado y sin vías de acceso cuyo costo es secreto reservado por seguridad nacional; el inventario de ocurrencias no es corto, rebasa los límites de espacio de esta colaboración reseñarlos con sus consecuencias.
Por ello, este catálogo de iniciativas presentado al final solo debe sorprender a quien pretende leer a esta administración y la que habrá de seguirle, con el mismo libro y las mismas reglas que hemos venido interpretando y leyendo las acciones e intenciones gubernamentales.
El presidente diseñó su salida, designó sucesora y escribió su herencia. El recorrido conjunto es el propedéutico para la correcta administración del legado. La lista de encargos y relación de haberes políticos del autor de la sucesión que no se muere ni se va.
Se entiende, leyendo el nuevo libro, que se trata de la continuidad de un proyecto para lo cual no habrá ni rompimiento ni sana distancia, la herencia tendrá un comisario vigilando desde Palenque que se cumpla con lo pactado. Lo que puede romperlo será la imposibilidad de cumplirlo. Esta herencia deja muchos compromisos y pocos haberes. Finanzas públicas prendidas con alfileres, alta deuda y déficit, economía ralentizada, infraestructura institucional deteriorada e insuficiente, y un paquete de reformas que produce más incertidumbre y desconfianza.
Lo que está sucediendo y habrá de suceder no nos debe sorprender. La siembra de dinero en efectivo dio cosecha abundante, por eso crecen los ofrecimientos. La sorpresa será que puedan sostenerlos sin que la razón se imponga a la conveniencia y al oportunismo político. Alea jacta est.
