La propuesta de reforma judicial impulsada por el Gobierno, que busca la elección por voto directo en urnas de jueces, magistrados y ministros, atenta contra la captación de nuevos flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el país, ya que afecta la seguridad jurídica de los inversionistas, alertó México Evalúa.
El centro de análisis indicó que la reforma podría colocar a jueces inexpertos a impartir justicia en sectores técnicos como el energético o de telecomunicaciones, además de que abriría la posibilidad a que los magistrados candidatos a elección entren en contacto con grupos de interés, lo que crearía presiones externas y daría apertura al financiamiento ilegal de campañas a través del crimen organizado.
“Entre mejor sea la calidad e independencia en la ejecución de los tribunales, entre más independencia judicial, va a haber más IED”.
“La IED en México, especialmente la nueva inversión, está perdiendo participación en la cartera de inversión foránea”, dijo Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en conferencia de prensa este martes.
Agregó que en 2022 el 46.46 por ciento de la IED era reinversión de utilidades, pero para el segundo trimestre de este año la reinversión repuntó al 97.4 por ciento del total.
“Aunque esta inversión crezca, no está llegando nueva inversión. No estamos aprovechando la oportunidad de la relocalización de empresas (nearshoring), y esta reforma judicial va a mermar todavía más esta posibilidad de atraer nuevo capital”, puntualizó Campos.
El pasado 18 de agosto, la Secretaria de Economía (SE) informó que la IED en México alcanzó un monto máximo de 31 mil 96 millones de dólares en el segundo trimestre del año, sin embargo, sólo se registraron 909 millones en nuevas inversiones, que significó una reducción de más de mil 200 millones frente al mismo periodo de 2023.
Asimismo, Campos señaló que la propuesta de reforma atenta contra el cumplimento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“La propuesta de reforma atenta contra tres capítulos del T-MEC: el 14, que habla sobre tratar a las inversiones de manera equitativa; el 23, que se refiere a lo laboral; y el 27, sobre políticas anticorrupción.
“No se debe aprobar una reforma con prisas. El sistema judicial se construyó en siglos y lo buscan reformar en un mes. No se ha medido aún su impacto económico y hacia los bolsillos de los mexicanos”, expresó la directora.
Por su parte, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, calificó a la propuesta como una “degradación del sistema judicial”, ya que se orienta hacia un mayor control económico por parte del Gobierno en lugar de priorizar la eficaz impartición de justicia.
“Cuando el Gobierno interviene en la economía se podría catalogar al país como una ‘economía de no mercado’, lo que contraviene al T-MEC.
“Además, la propuesta de reforma pone en peligro el derecho de propiedad, lo que afecta el interés de inversionistas. No habría protecciones”, dijo Moreno quien puso en contexto el caso de la planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en Hidalgo, la cual fue expropiada a través de un decreto presidencial en abril pasado.
Por su parte, Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, señaló que la propuesta de reforma carece de diagnóstico cualitativo y cuantitativo en la repartición de justicia en México.
“Es un ‘holocausto judicial’. Es un capricho para hacerle ver al Poder Judicial que los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen poder sobre él, que están por encima de él”, indicó el abogado.
