Jueces de distrito y magistrados de circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares contra la reforma judicial presentada por el Ejecutivo Federal.
La solicitud fue presentada ayer por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo de juzgadores Guardianes de la Constitución y el colectivo Circuitos Unidos Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Las organizaciones firmantes… con el apoyo de Iniciativa Americana por la Justicia, en representación de más de mil 800 operadores de justicia en los Estados Unidos Mexicanos (magistrados y jueces) y más de 52 mil trabajadores (funcionarios y empleados a nivel federal, del Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación y Juzgados de Distrito), presentamos el día de la fecha una solicitud de medida cautelar ante la CIDH”, dijeron las asociaciones en un comunicado.
“La medida cautelar es un recurso que se presenta ante un organismo internacional ante situaciones graves y urgentes que producen daño irreparable. Este mecanismo fue activado para denunciar ante la instancia el Proyecto de Reforma Constitucional (relativa al Poder Judicial) sobre la base de las interferencias arbitrarias e inconstitucionales a la independencia y autonomía del Poder Judicial”.
El texto difundido no precisa qué tipo de medidas fueron solicitadas al organismo internacional, en favor de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Extraoficialmente se informó que, en principio, se habría pedido a la CIDH que requiera al Gobierno de México un informe sobre las medidas que pretende adoptar y que tendrán un impacto en materia de derechos humanos de los quejosos.
En la demanda presentada ante la CIDH, las asociaciones de juzgadores incluyen un análisis del proyecto de reforma constitucional, incluida la intervención de la Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas.
También describe “las irreversibles consecuencias” que acarrea la entrada en vigor de la cuestionada propuesta legislativa, las afectaciones a la independencia judicial, la separación de poderes, el orden democrático y el Estado de derecho.
El documento también hace hincapié en la importancia de la estabilidad de los cargos y las condiciones para la separación del mismo, revisa las obligaciones de México con los tratados internacionales, el límite a las mayorías y el respeto del derecho de las minorías.
