El Diccionario de política de Bobbio, Matteucci y Pasquino, define a la crisis como un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema e identifica dos tipos: política y económica y agrega que adquiere un sentido negativo cuando la incapacidad para resolver la crisis de una esfera repercute en la otra.
En México la presencia del crimen y la delincuencia ya está afectando al sistema social en forma creciente sin que se perciba en el gobierno una decidida intervención de las fuerzas del estado para evitar su crecimiento. No identificamos como ruptura en el sistema la anormalidad de convivir con la delincuencia ni el grado de ineficiencia del sistema de procuración de justicia y por lo tanto no reconocemos la gestación de una crisis.
Hemos incorporado a la normalidad cotidiana la cifra de asesinatos cometidos en este sexenio; 188 mil 742, hasta el mes de julio, la mayoría impunes, 91 homicidios diarios en promedio es la cifra que a nadie asusta, al menos en el gobierno. Pero si las cifras no asustan, existen otros datos que a diario se documentan y nos hablan de otra realidad ausente en las peroratas matutinas del presidente.
En Baja California, una empresaria fue asesinada al día siguiente de haber denunciado públicamente que la delincuencia estaba exigiendo pagos por derecho de piso, igual suerte tuvo otro empresario, de Tamaulipas y uno más de Chihuahua, todos eran representes de organismos empresariales hablando no en nombre propio. En Tamaulipas, más de un centenar de tiendas de conveniencia y gasolineras, tuvieron que cerrar para protegerse de amenazas y no ser víctimas del mismo cobro de piso denunciado.
En Chiapas, más de 500 personas, tuvieron que buscar refugio en Guatemala indefensas ante el asedio de grupos delictivos enseñoreados en la región. No es un hecho aislado, las parroquias de Chenalhó y Pantheló en la Diócesis de San Cristóbal denuncian la ingobernabilidad en que viven. En Sonora la región del desierto presenta poblaciones desoladas cuyos habitantes se han refugiado del otro lado de la frontera y en el sur de la entidad ciudades como Guaymas y Ciudad Obregón figuran como de las más peligrosas a nivel mundial. La zona serrana de Chihuahua tiene municipios donde la delincuencia impera, Guerrero, Michoacán, Guanajuato tienen regiones enteras dominadas por grupos delincuenciales.
El control territorial de extensas regiones del país ya no es un fenómeno aislado y la presencia de la autoridad es meramente declarativa y escenográfica. Las capturas logradas por la Guardia Nacional son de risa si se comparan con el gasto que representa mantenerla en operación, si así se le puede llamar al desfile que realizan por las poblaciones después de sucedida una masacre.
Según el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, hasta 2022 las instituciones estales y federal tenían sin concluir 2.9 millones de carpetas de investigación y averiguaciones y se judicializa solo el 9% de las mismas. Mayor impunidad no se puede.
Pero no es solo la inseguridad y la presencia creciente del crimen organizado en el territorio lo que nos lleva a pensar en la inminencia de la crisis. Hasta ahora vemos la inseguridad como un elemento marginal que solo puede afectar a nuestra integridad física, sin embargo, la crisis se produce cuando influye en el sistema social y económico y es en este último en donde se perciben los síntomas con mayor claridad. Se ha señalado ya a la actividad delictiva como un factor para el encarecimiento de los productos agropecuarios por la extorsión a que son sometidos los productores, pero no solo eso.
Organismos empresariales han señalado que el crimen organizado ha tomado el control total o parcial de la distribución y venta de productos de un 13% de empresas. Según nota de El Universal (03/08/24) empresarios denuncian hasta 31 extorsiones diarias, pero estiman que el 97% las sufre y el 74% no se denuncian por desconfianza.
La American Chamber México considera que el 17% de sus firmas ha reducido sus inversiones por la inseguridad y 21% ha suspendido operaciones en algún estado por la misma causa y 8 de cada diez directivos de empresas afiliadas consideran que el gobierno mexicano hace poco o nada por hacer valer el estado de derecho.
Datos así nos llevan a considerar que nuestro gobierno no gobierna, hace política electoral mientras los jefes del narco pactan rendiciones con gobiernos extranjeros y el tropel de sicarios siembra muertes y cuerpos en todo el territorio nacional con total impunidad. La seguridad, la procuración de justicia, el estado de derecho están en crisis y eso no habrá de evitarse destituyendo a ministros o eligiendo a jueces. Es el Poder Ejecutivo, sus dependencias de procuración de justicia las que deben componerse. El primer paso para resolver una crisis es reconocerla y ésta no la han querido ver, pero existe.
