La reforma judicial propuesta por Morena mediante la cual los jueces se seleccionarán por el voto popular podría afectar negativamente el clima de inversión corporativa, las oportunidades del nearshoring e incluso el perfil institucional del país, alertó Fitch Ratings.
“La reforma judicial propuesta en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno empresarial de las empresas no financieras si su implementación obstaculiza la autonomía y la calidad del sistema judicial”, advirtió la calificadora.
Destacó que un deterioro material del marco judicial actual o un debilitamiento de los controles y contrapesos gubernamentales podría moderar el apetito de inversión nacional y extranjera si el entorno regulatorio y el marco legal se consideran inciertos.
“Además, la mayor influencia de Morena podría cambiar el equilibrio entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacia el presidente, lo que permitiría un posible debilitamiento de los controles y contrapesos”, señaló.
Fitch refirió que las modificaciones al método de selección de los jueces han suscitado inquietudes entre los inversionistas sobre la imparcialidad judicial para resolver los conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas.
“Esto puede afectar las oportunidades de nearshoring que acercan la manufactura al mercado final estadounidense, particularmente para sectores con exposición a la manufactura, industrias orientadas a la exportación y bienes raíces industriales.
“En tal escenario, las empresas mexicanas enfrentarían un entorno operativo de menor crecimiento económico (aunque esto es más pesimista que nuestra base actual) debido a una disminución en la actividad comercial y la creación de empleo que podría afectar negativamente métricas clave de desempeño financiero, incluyendo crecimiento y rentabilidad”, expuso.
La agencia consideró que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han jugado un papel clave en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales, como cuando otorgó protección a la iniciativa privada contra las reformas constitucionales en el sector eléctrico.
“Prevemos que los participantes del sector privado estarán más preocupados si se aprueba el sistema judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales sobre las entidades privadas”, anotó.
Subrayó que la posibilidad de que se produzcan reformas económicas, regulatorias y judiciales inminentes en México ha generado una mayor incertidumbre entre los inversionistas y una mayor volatilidad del mercado a corto plazo.
El peso mexicano se depreció frente al dólar hasta 10 por ciento después de las elecciones, aunque el impacto inicial se ha revertido a medida que los participantes del mercado han atenuado las preocupaciones sobre los resultados electorales. Además, la aversión al riesgo aumentó entre los inversionistas, lo que provocó que el rendimiento del bono mexicano a 30 años aumentara de 9.82 por ciento el 31 de mayo a 10.31 por ciento el 16 de julio.
“Ambas tendencias pueden tener un impacto negativo en la generación de flujo de efectivo y las métricas de apalancamiento de las empresas debido al mayor gasto en intereses y al efecto negativo de la depreciación de la moneda sobre la demanda y ciertos costos”, detalló.
“Las empresas orientadas a la exportación pueden ganar competitividad a medida que el peso se deprecia, pero esta ventaja podría ser efímera si el entorno empresarial general se deteriora a mediano y largo plazo. Nuestra cartera corporativa no financiera calificada enfrenta vencimientos de deuda cómodos en 2025, pero podrían surgir mayores desafíos de refinanciamiento en 2026”.
Por otro lado, mencionó que la gobernanza de México ya es relativamente débil.
“Creemos que estas reformas en general afectarían negativamente el perfil institucional de México, pero es demasiado pronto para medir la posible gravedad antes de su aprobación e implementación”, mencionó.
