Ángel Álvaro Peña
Hace seis años, como ahora sucede, los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentran otra vez agazapados para que en la transición de gobierno los hagan permanecer en sus puestos y no sean despedidos.
Como sucede en cada sexenio, los burócratas del Mecanismo que depende de la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada todavía por Arturo Medina Padilla, tienen como único compromiso preservar el empleo a costa de lo que sea.
Es una tradición del Mecanismo, desde diciembre de 2018, mantener un burocratismo creciente basado en la inactividad y el cuidado exagerado del presupuesto en nombre de la austeridad republicana, mientras mueren periodistas en las calles del país.
Los periodistas han tenido que enfrentarse a una burocracia que inició hace seis años con Jorge Ruiz como cabeza de una Junta de Gobierno mediocre, donde no se evitaron los homicidios, después siguió Aarón Mastache, cuya incapacidad fue premiada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien está listo para incorporarse a la nueva administración federal, no obstante haber sido engañado y manipulado en ese entonces.
Su soberbia es tal que los periodistas en peligro deben ampararse para continuar con la protección del Mecanismo pero ellos se pasan las órdenes judiciales por el arco del triunfo, como sucede con el amparo No. 663/2023, emitido por el Tribunal Séptimo de Distrito en el estado de Veracruz, donde se ordena regresar el servicio del Mecanismo a un comunicador. Pero en lugar de acatar lo dispuesto por el juez se aplazan indefinidamente las audiencias para regresar la protección. Del 5 de abril se trasladó al 7 de mayo y de esta fecha a julio, poniendo en peligro la vida de este periodista, y siguen sin restaurar la cobertura todavía.
Cada vez peor la protección a periodistas que ahora con Enrique Irazoque no sólo se volvieron más estrictos los filtros para acceder, sino que se vulnera el derecho otorgado por la máxima autoridad judicial como lo es un juez. Irazoque se convierte no sólo en un delincuente por no acatar la orden, sino en cómplice de lo que pudiera sucederle a este comunicador.
La selección para que un periodista solicitante de protección pueda acceder a este servicio sino que se le retira, en una inexplicable depuración que pone en peligro su vida, si a la junta de Gobierno se le ocurre, en cualquier momento, que no es merecedor de esta cobertura donde la vida está de por medio, ya sea por antipatía, ahorro o depuración de la plantilla.
Dicha Junta cree que la protección se trata de un favor cuando es un derecho, como si tener gente las 24 horas cerca de un periodista fuera agradable. Porque esos mismos escoltas hacen las funciones de espías, quienes informan de la vida privada de los comunicadores que reciben este servicio, y conocer sus actividades con precisión, al mismo tiempo, que evalúan, una y otra vez, si el periodista requiere el servicio.
Basta ver las prioridades de un Mecanismo pasivo, mediocre y sin sensibilidad, en la última reunión de la Junta de Gobierno mientras evaluarán la posibilidad de que entren a recibir el servicio ocho personas, discutirán la permanencia de la protección de 25 comunicadores, mostrando que su prioridad es restar y no sumar el servicio. Por si fuera poco, hay 20 modificaciones de medidas; esto quiere decir que para la Junta de Gobierno es prioridad revisar el servicio que se proporciona a afiliar a más periodistas en peligro.
Por ello, en este momento, prefieren el bajo perfil a trabajar, la última reunión de dicha junta fue hace un par de meses, a pesar de la responsabilidad de sus tareas. En los últimos siete años han sido asesinados ocho periodistas que estaban inscritos en el Mecanismo, lo cual habla de la ineficacia de este grupo que se ha amafiado alrededor de sus cargos y lo que menos les interesa es la vida de los comunicadores.
La llegada de la Cuarta Transformación marcó un rígido esquema de admisión de los periodistas como si la protección fuera una mercancía y no un derecho de quienes arriesgan su vida en la realización de su trabajo.
Ante esta realidad, Amnistía Internacional elaboró un documento denominado “Nadie garantiza mi seguridad”. Donde se denuncia la ineficacia del Mecanismo, a través de un análisis donde señala: “El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal, sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas, pero sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias”.
Añade que México es el país más peligroso del hemisferio occidental para periodistas, desde 1992. Desde que comenzó el siglo actual, al menos 141 periodistas y personal de medios de comunicación han sido asesinados. Comenta que la impunidad es la norma en los crímenes contra la prensa.
El gobierno federal mexicano creó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, después de años de presión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil para que abordara las amenazas y ataques constantes contra personas defensoras y personal de medios de comunicación.
En los últimos 18 meses, Amnistía Internacional examina el Mecanismo mediante el estudio de una amplia variedad de información disponible públicamente sobre la institución y mediante documentos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México.
Así como hace seis años, la burocracia que vive del presupuesto a través de la supuesta defensa de los periodistas y defensores de los derechos humanos, quiere seguir formando una mafia que sólo alienta la violencia contra los trabajadores.
En el actual sexenio han pasado varios secretarios de Gobernación que pudieron enderezar las responsabilidades de este loable esfuerzo que termina por agotar sus atribuciones aniquilando esfuerzos y buenas intenciones.
Esperemos que en la próxima administración hay la sensibilidad suficiente y la responsabilidad necesaria para que haya una profunda renovación que realmente proteja la integridad de los comunicadores.
PEGA Y CORRE. – El 5º Foro para discutir la reforma Judicial se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz, donde coincidieron en el mismo lugar quien intentó declarar un estado fallido en Veracruz, Ricardo Monreal, y el gobernador aludido Cuitláhuac García Jiménez, quienes se saludaron como si hubieran limado asperezas…
