Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes de amparo y de amnistía.
Se trata de las últimas reformas que la mayoría de Morena y aliados aprobó en el periodo de sesiones concluido en abril pasado.
Serían los últimos recursos contra reformas del Ejecutivo federal, no sólo de la 65 Legislatura, sino también previo a la discusión de la reforma al Poder Judicial.
“Las reformas son peligrosas para México y es nuestro deber velar por el fortalecimiento de nuestras libertades e instituciones democráticas”, señalaron los tres grupos parlamentarios al dar a conocer las acciones de inconstitucionalidad.
En la reforma a la Ley de Amparo se impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando éstos afecten el interés de la sociedad.
“Ello implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección”, explicaron en un comunicado de prensa.
Agregaron que con la prohibición en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión general de una ley, se impide el acceso a la justicia para los que menos tienen.
“El acceso a la justicia será más difícil para los que menos tienen, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona.
“Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos”, apuntaron.
En cuanto a los cambios realizados a la Ley de Amnistía, señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias su favor.
La reforma, acusan en la acción de inconstitucionalidad, vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución.
Al Ejecutivo se le dan facultades para otorgar la amnistía a personas que otorguen pruebas y se anulan requisitos que están considerados en la misma ley, para que por medio de una comisión se analicen eventuales casos de derecho a ésta.
“La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, recalcan las bancadas priista, panista y perredista.
