La aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) bajo el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) funciona como un incentivo para que las empresas cumplan con el nuevo modelo de justicia laboral, afirmó Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El funcionario afirmó en breve entrevista que a cuatro años de la entrada en vigor del T-MEC, la elaboración de planes de remediación ha evitado que las quejas se conviertan en paneles arbitrales, a excepción de los casos Mina San Martín y Atento.
“Considero que (el Mecanismo) ha sido un incentivo para las empresas, sobre todo para el sector exportador, con el fin de que cumplan con los principios y reglas del nuevo modelo de justicia laboral en materia de no injerencia, no intromisión en la vida sindical, y se asuma este pleno respeto al derecho de los trabajadores a decidir sus preferencia sindical o cambiar”, comentó Domínguez Marrufo.
Hay voces en el sector privado que piden revisar el Mecanismo en 2026, porque afirman que se ha abusado de las quejas laborales.
Medida de presión
Mientras tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el Mecanismo Laboral ha funcionado como un instrumento de presión para las empresas, y las que son investigadas por violar los derechos colectivos tienen un daño reputacional.
“De las quejas que ha habido, hemos detectados que hay organizaciones no gubernamentales (ONGs) mexicanas o sindicatos estadounidenses que están abusando de la figura.
“Es decir, tienen agenda o que en los tribunales laborales mexicanos no ha avanzado la demanda como creen y esto se ha convertido en un ‘fast track’ de presión para las empresas”, aseguró Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex.
Óscar de la Vega, abogado laboral, coincidió en que la falta de regulación del Mecanismo Laboral ha generado que los trabajadoras lo utilicen como una herramienta de presión contra las empresas para obtener beneficios económicos.
“Aunque ha funcionado eficientemente como un mecanismo por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá para reparar presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores, en otras ocasiones, su falta de regulación en México ha generado que grupos de personas trabajadoras lo utilicen como un mecanismo de presión contra las empresas con la finalidad de obtener beneficios económicos en lo individual”, consideró De la Vega.
