El nuevo decreto en la Ley Federal de Trabajo que plantea que haya sanciones para las empresas que permitan más de 8 horas de trabajo, podrían tener efectos negativos en la productividad laboral de las empresas, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Querétaro, Lorena Muñoz Altamira.
Explicó que la mayor preocupación del gremio radica en conocer los reglamentos internos de operación de la propia ley, pues las industrias de la transformación o prestación de servicios como seguridad privada o de recolección de basura serían las más afectadas.
“La ley impacta en todas las empresas que nos dedicamos a brindar algún servicio, sobre todo cuando estamos trabajando a tres turnos. Pero los impactos en una primera instancia serían negativos, tendríamos que reestablecer los reglamentos de trabajo para que los colaboradores estén bien informados de estos puntos que pudieran malinterpretarse de la ley”, apuntó.
Según lo dictado por el decreto de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se aplicarían multas a quienes expoten laboralmente a una o más personas no respetando la jornada laboral de 8 horas.
Ante esto, Muñoz Altamira señaló que el próximo 27 de junio se tendrá en la Canaco una capacitación con especialistas jurídicos en materia laboral para informar sobre los sectores que pudieran ser afectados por esta nueva normativa, y los ajustes que tendrían que realizarse.
“Viene un experto laboral para explicarnos la forma de operación de esta ley y ver de qué manera disminuir los impactos apoyando al colaborador, pero también sin dejar de operar en nuestras empresas”, precisó.
Por último, Muñoz Altamira habló sobre la discusión del Congreso Local sobre la Ley de Seguridad Privada que trabaja el diputado local Guillermo Vega Guerrero; puntualizó que se investigará lo que pretende la ley y los motivos por los cuales no ha logrado avanzar.
Sin embargo, apuntó que hay una serie de pasos para el registro y que cada empresa pueda operar en el estado, así como procesos específicos para la contratación de personal, lo cual se tendría que verificar si se mejora o no se aborda en este proyecto de ley.
