Ariel González
Siempre me ha parecido graciosa la expresión “el último en salir que apague la luz”. Se aplica básicamente en esos momentos de la retirada o la derrota; con ella se intenta aludir a que cuando ya no hay nada qué hacer frente a una situación adversa el último en abandonar la escena deberá quien apague la luz. Creo que este dicho ronda por la cabeza del Presidente López Obrador y de no pocos de sus secretarios. Y metafóricamente así será: el último en salir apagará la luz, pero realmente todos –ellos y nosotros– nos preguntamos si habrá alguna luz que apagar, porque todo indica que cuando se marchen estaremos más bien a oscuras.
Mientras escribo esto el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Ya ha emitido dos nuevas alertas en el sistema eléctrico nacional. La primera de ellas comenzó este lunes al filo de las seis de la mañana y concluyó dos horas después, cuando la gerencia de control regional noreste informó que el sistema eléctrico pasaba a “estado operativo normal”. Pero no bien salíamos de esa contingencia, un nuevo reporte a las 8:28 horas de ayer mismo declaraba que había un “estado operativo de alerta en el sistema interconectado nacional”.
Como sabemos, desde la semana pasada el sistema eléctrico ha venido sufriendo distintas interrupciones, atribuidas oficialmente a la extraordinaria demanda de energía que acompaña las elevadas temperaturas que se experimentan en todo el país. Sin embargo, el alto consumo de energía y la ola de calor no son las causas reales de los apagones, sino apenas su contexto. La crisis eléctrica tiene un trasfondo que López Obrador intenta ocultar: las decisiones tomadas a lo largo de su gobierno, todas guíadas por el capricho, el impulso ideológico o simplemente el resentimiento contra las empresas y políticos que participaron y apoyaron las reformas energéticas del pasado que favorecían, según él, “los intereses privados” por encima de “los del pueblo”.
Al no poder llevar a cabo las modificaciones constitucionales que en un momento dado propuso para revertir la reforma de 2013, el gobierno de López Obrador y sus fieles vasallos en el congreso optaron por aprobar diversas medidas que han terminado por dañar el margen de reserva del sistema eléctrico con el que contaba el país. Es decir, en lugar de incrementar nuestra reserva eléctrica como prometieron (hacerla pasar de 9 a 13%), la han hecho caer hasta el 3% que tenemos hoy (Enrique Quintana, El financiero, 13-5-2024).
El exiguo crecimiento de las líneas de transmisión (de 0.5% al año), la cancelación de varias licitaciones para generar nuevas líneas de transmisión de alta tensión, la suspensión de nuevas subastas para que empresas privadas produjeran energía renovable, así como la inutilización de plantas privadas que fueron desconectadas o nunca se conectaron cuando fueron construidas, son la explicación más puntual (sigo con los datos de Enrique Quintana) de por qué andamos a oscuras.
Desde un inicio, el gobierno de la 4T hizo pública su obsesión de no devolver sus “privilegios” a las empresas que habían invertido o pensaban hacerlo en el sector eléctrico. Se buscaba, decía el Presidente López Obrador, alcanzar la autosuficiencia inyectándole más recursos a una empresa mexicana (la CFE) que ya no tendría que competir “desleamente” con las empresas privadas que apoyaron los gobiernos “neoliberales” de los últimos años. Retomando las fantasías del nacionalismo de los años sesenta y setenta, AMLO incluso “nacionalizó” 13 plantas de la empresa española Iberdrola, con lo que supuestamente la CFE conseguiría generar 55.5% de la electricidad del país, pero el hecho es que esto no se tradujo en más energía.
Aunque a oscuras, queda a la vista un ejemplo más del fracaso de la política energética del actual gobierno que prometió, entre otras cosas, que la gasolina nunca subiría de precio (hoy, en la Ciudad de México, este combustible es un 63% más caro que en Texas) o que la CFE sería la empresa estatal que garantizaría la autosuficiencia.
Por increíble que les resulte a sus seguidores, el sello distintivo de la llamada Cuarta Transformación ha sido obstaculizar lo nuevo (las energías limpias), propiciar que las cosas se echen a perder por falta de mantenimiento (el Metro), invertir en proyectos obsoletos (refinería de Dos Bocas), ignorar a los científicos (frente a la pandemia), dejar de invertir en infraestructuras básicas (como el sistema hídrico), minimizar las alarmas y previsiones de los expertos (Huracán Otis) o provocar graves daños ecológicos en aras de proyectos mal planeados (Tren Maya). El listado es inmenso. Refleja nítidamente un gobierno donde se conjugan altos niveles de cleptocracia, con una enorme incapacidad profesional y torpeza extremas, lo que se ha traducido no sólo en enormes pérdidas económicas sino en cientos de miles de vidas segadas o afectadas de forma irreparable.
Nos hemos quedado sin gasolina, sin Metro, sin escuelas de tiempo completo, sin medicinas, sin apoyos para estudiar en el extranjero, sin agua y, ahora, sin energía eléctrica. Incluso hoy –se puede decir que con mayor “razón”– cuando faltan sólo unos meses para que se termine este sexenio, la culpa será siempre del pasado, de los gobiernos neoliberales o de algún saboteador. Y siempre habrá también quien les crea y vote nuevamente por ellos para que completen su histórica misión. Las tinieblas ya quedaron instaladas en el país desde hace tiempo y, por lo mismo, debe llenarlos de consuelo saber que no importa quién salga al último: no habrá luz por apagar.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
