En un anterior artículo ya había señalado que el centro de gravedad de la justicia ambiental se estaba desplazando hacia los tribunales, en lugar de los órganos de justicia administrativa, y el caso reciente del fallo del tribunal internacional con sede en Francia que dictaminó el pasado martes, en donde le dio la razón a los demandantes resolviendo que el gobierno de Suiza no abordó adecuadamente la crisis climática, por lo cual, dicho hecho constituía una violación de los derechos humanos, lo cual seguramente va a tener un efecto en todo el mundo.
La demanda presentada por más de 2.000 mujeres suizas, desde el 2016 en su mayoría, mayores de 65 años, contra el Gobierno de Suiza, alegaron que las olas de calor provocadas por el cambio climático mermaban su salud y su calidad de vida, y las ponían en peligro de muerte.
El tribunal dictaminó que el Gobierno suizo había violado algunos de los derechos humanos de las mujeres debido a «lagunas críticas» en su legislación nacional para reducir las emisiones de calor del planeta, así como al incumplimiento de objetivos climáticos anteriores. Esto supuso una violación de los derechos de las mujeres a una protección efectiva frente a «los graves efectos adversos del cambio climático sobre la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida», afirmó el tribunal en un comunicado.
Tal sentencia es la primera, y que dicho tribunal se pronuncia sobre un litigio climático. Y además no hay derecho de apelación y la sentencia es jurídicamente vinculante.
Los expertos afirman que la sentencia del tribunal podría reforzar otros casos climáticos basados en los derechos humanos pendientes ante tribunales internacionales y podría abrir las compuertas a la presentación de numerosas demandas similares en el futuro.
La sentencia también podría obligar a Suiza a reducir más rápidamente su consumo de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el principal motor del cambio climático provocado por el hombre.
Vesselina Newman, de la organización de abogados ambientalistas ClientEarth, dijo que este resultado «de uno de los tribunales más altos del mundo envía un mensaje claro: los gobiernos deben tomar medidas reales sobre las emisiones para salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos».
Dicha sentencia muestra la relación estrecha entre cambio climático y los derechos humanos, que incluyen los impactos en la salud. Por lo cual, la sentencia interpela a los gobiernos y corporaciones privadas.
No obstante, el tribunal también desecho dos demandas, una interpuesta por un alcalde municipal contra el gobierno francés y una tercera, por seis jóvenes de Portugal contra 32 países europeos.
La sentencia consideró que el gobierno suizo no implementó suficientes políticas internas para abordar el cambio climático, lo cual incluye, la falta de cuantificación, a través de un presupuesto de carbono.
Por su parte la activista ambiental sueca Greta Thunberg declaró que “Es sólo el principio en materia de litigios climáticos. En todo el mundo, cada vez más personas llevan a sus gobiernos ante los tribunales para que rindan cuentas”.
El tribunal concluyó que el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos abarca el derecho a una protección efectiva por parte de las autoridades estatales contra los graves efectos adversos del cambio climático en la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Con 16 votos a favor y uno en contra, el Tribunal concluyó que Suiza había incumplido sus deberes (“obligaciones positivas”) en virtud de la Convención sobre el cambio climático.
Ahora bien, ya contando con una resolución favorable, que ampara los derechos humanos climáticos, ¿qué va a hacer el gobierno de Suiza?
¿Aceptar su responsabilidad y actuar en lo inmediato?
¿Sólo modificar su marco regulatorio y asignar un poco más de presupuesto?
¿cumplir las metas de descarbonización de su economía?
¿simular un cumplimiento de la resolución?
En consecuencia, la sentencia considera que las políticas de Suiza en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no han sido suficientes y que por lo tanto el Estado está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, aunque dicha sentencia es teóricamente vinculante, no va acompañada de medidas precisas para remediar las deficiencias del gobierno, ni de sanciones en caso de no hacerlo. Eso significaría que sus efectos jurídicos quedaran en el aire, aunque propiciará medidas más contundentes.
La sentencia culmina un proceso más amplio, después de que el año pasado 16 niños y jóvenes de entre 5 y 22 años ganaran una batalla judicial contra el Estado de Montana (en Estados Unidos) por ignorar los efectos de sus leyes sobre el medioambiente y violar el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno natural limpio y saludable. Y así vemos que hay muchas más demandas en varios países como el caso de Colombia, donde 25 jóvenes demandaron al gobierno por no proteger la Amazonía colombiana de la deforestación. El tribunal falló a favor de los demandantes en 2019 y ordenó al gobierno reducir la deforestación.
Se conoce que hay un número de casos judiciales centrados en la crisis climática en todo el mundo, que se han duplicado desde 2015, lo que eleva el número total a más de 2.000, según un informe publicado por el diario The Guardian en junio del año pasado.
Por último, frente a la postura de que la soberanía impera por encima del derecho internacional, déjeme decirle que actualmente cuando Suiza adopta una norma internacional, ésta es integrada automáticamente en el derecho interno y tiene que ser respetada por todas las instituciones estatales, sin que haga falta una acción adicional. Pues a principios de los años 1980, el Tribunal Federal (Suizo) ya había sentado jurídicamente la base de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno.
Quizá falta mucho por recorrer, pero este tipo de sentencias o resoluciones evidencian el accionar del estado, aunque haga falta aún los mecanismos para obligarlos a cumplir y también sancionar a los responsables.
Por una Justicia Ambiental completa.
