El pasado 13 de febrero se aprobó el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro; y el secretario de Gobierno, Martín Arango García, reportó los resultados, al momento, de las personas que han sido sancionados por diversas faltas de carácter civil.
El funcionario sostuvo que, del 1 al 23 de marzo, mil 430 personas han sido puestas a disposición de los juzgados cívicos, por parte de la policía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública; de los cuales el 95 por ciento son hombres, y el 5 por ciento, son mujeres. Señaló que son seis las principales conductas las que se recurrentemente son sancionadas.
“Hemos detectado que hay seis faltas administrativas que son principalmente cometidas en el municipio de Querétaro. Estas faltas representan el 85 por ciento del total de las faltas que conocen los jueces cívicos”, precisó.
En este sentido, Martín Arango explicó que 891 personas fueron sancionadas por ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos; 125 personas han sido remitidos por faltas contra el entorno urbano; 53 personas han sido remitidas por vejar o intimidar física o verbalmente a cualquier persona; 49 personas, por alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados; 49 personas, por portar, transportar o usar sin precaución objetos o sustancias que, por su naturaleza, son peligrosas; y 47 personas más, por daños contra el medio ambiente.
En relación con las faltas que se enmarcan en faltas contra el entorno urbano, se enlistan orinar o defecar en espacios públicos, dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o de particulares, sin su autorización; así como el cobro de la vía pública sin autorización, lo que se conoce como los franeleros.
En el apartado de daños contra el medio ambiente, se encuentran conductas como tirar basura en lugares no autorizados; y arrojar, tirar, abandonar o quemar en el espacio público animales muertos, desechos, objetos o sustancias que puedan resultar nocivas contra la salud.
Con este reglamento, recordó Arango García, se busca garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia cívica y cotidiana, así como contar con operadores facultados y capacitados para brindar certidumbre en la resolución de conflictos cotidianos. Así como crear conciencia en las personas infractoras y fomentar la sana convivencia comunitaria como base para la tranquilidad pública.
