En 2023, la legislatura de Texas aprobó la Ley Senatorial 4 (SB4, por sus siglas en inglés), promulgada por el gobernador Greg Abbott a finales de ese año y con la intención de que entrara en vigor en marzo de 2024.
La SB4 es considerada la regulación estatal antiinmigrante más severa en los Estados Unidos, pues otorga amplios poderes a las agencias de seguridad de Texas para solicitar documentos migratorios a personas sospechosas de ser migrantes, y cuya salida del país puede ser ordenada por magistrados locales, con penas de hasta 20 años de prisión en caso de incumplimiento.
Esta ley es vista como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, al fomentar la discriminación racial, violar el debido proceso y propiciar arrestos ilegales de ciudadanas, ciudadanos y residentes legales.
Aunque en los Estados Unidos la regulación de la inmigración es competencia federal, quienes forman parte del Partido Republicano en Texas argumentan que las medidas federales son insuficientes, y consideran que el estado está siendo invadido por migrantes irregulares.
Su puesta en marcha ha sido objeto de una serie de vaivenes en los tribunales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), de Texas, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por sus siglas en inglés), en representación del condado de El Paso y dos grupos de asistencia, interpusieron una demanda ante un tribunal federal en Austin, Texas.
Estas organizaciones civiles argumentan que la SB4 viola los derechos de las y los solicitantes de asilo, no solo en virtud de las leyes estadounidenses, sino también de las normas internacionales, y que impide a las personas migrantes pedir asilo u otras protecciones humanitarias ofrecidas por el Gobierno estadounidense, al tiempo que infringe la Cláusula de Supremacía de su Constitución.
El curso de la SB4 también ejemplifica la forma en que la política migratoria puede ser utilizada como instrumento de división y exclusión en tiempos electorales, sin abordar realmente soluciones al problema migratorio.
Otro ejemplo de un proyecto legislativo similar avanza en Georgia —estado sin frontera con México—: la Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105, con que la Policía local podrá identificar y encarcelar a personas extranjeras sin documentos.
Por ello, es esencial buscar soluciones colaborativas que respeten los derechos de las personas migrantes y aborden las causas estructurales del fenómeno, en lugar de adoptar medidas represivas.
En tal sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentará en la audiencia de la Corte de Apelaciones, programada para el próximo 3 de abril, un escrito amicus curiae, como parte del litigio del Gobierno estadounidense contra la norma SB4, para que puedan ser escuchados los argumentos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la disposición.
Asimismo, el Senado de la República expresó su rechazo a la SB4 e instó a trabajar en soluciones bilaterales que respeten la dignidad de las personas migrantes.
Es inminente dejar de criminalizar la migración y buscar soluciones humanas y justas que reconozcan la contribución de las personas migrantes al desarrollo económico, social y cultural, garantizando su integración y participación plena en la sociedad.
