Ariel González
Uno de los legados más cuestionables del gobierno de López Obrador será, sin duda, la abierta y acelerada militarización del país. Muy lejos de cumplir con su promesa de regresar al ejército a sus cuarteles, el Presidente se encargó de habilitar a las fuerzas armadas para la realización de un sinnúmero de tareas que tradicionalmente han estado en manos de civiles.
Es uno de los más graves retrocesos en nuestra historia contemporánea. En los 18 años que se mantuvo como candidato a la Presidencia, López Obrador se encargó de criticar permanentemente el uso de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico (algo de lo que no se cansó en culpar al gobierno de Felipe Calderón) y no dudó, en diversos momentos, en responsabilizar al ejército de constantes violaciones a los derechos humanos, e incluso de participar en sucesos como la desparación de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Con todos esos antecedentes, incluso quienes no éramos sus partidarios veíamos como muy remoto que el ejército pudiera cobrar una presencia tan desaforada como la que ahora tiene. Pero todo fue, como pudo verse cuando lanzó la iniciativa de que la Guardia Nacional (creada en 2019) estuviera bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de las más grandes mentiras de este gobierno.
Sin embargo, el tema de la seguridad es tan sólo uno de los aspectos de la militarización en curso; hay otros igualmente delicados porque están envueltos en la más grande opacidad que se recuerde. Me refiero a las obras que se les ha encargado y a los espacios sobre los que las fuerzas armadas mantienen ahora el total control, como las aduanas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En correspondencia, el presupuesto asignado a la Sedena se ha triplicado desde 2018, pasando de 80 mil 936 millones de pesos a 259 mil millones de pesos. Se trata de un presupuesto cada vez mayor, con cada vez menos transparencia y rendición de cuentas en su ejercicio.
Reflexionar sobre esta situación es la tarea que se impuso un grupo de especialistas en el libro “Érase un país verde olivo. Militarización y legalidad en México”, recientemente editado por el sello Grano de sal. Todos los autores que participan de esta obra (Juan Jesús Onofre, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar) son destacados miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A ellos les preocupa que la militarización (que no comenzó, ciertamente, durante este gobierno) se haya extendido notablemente en estos años. “Consideramos –dicen en el prólogo de su libro– que, durante la administración actual, dicho proyecto se ha profundizado a una velocidad sin precedentes y ha cambiado de forma significativa. De comenzar como una política en una materia específica –la seguridad pública– se ha convertido en una política que trasciende e impregna diversos ámbitos de la vida civil. Se trata, para decirlo brevemente, de un fenómeno de largo aliento, transexenal y en expansión, que ha terminado por desbalancear peligrosamente las relaciones entre el poder civil y el poder militar, en detrimento del primero”.
Obviamente, el tema exigía que los autores hicieran una revisión histórica amplia y reconstruyeran cómo fue que el poder público se fue desentendiendo de los cuerpos policiales para abrirle paso a la militarización que ahora trasciende el plano de la seguridad y llega, como hemos visto, a diversas funciones que deberían estar en manos de civiles.
Los autores de esta obra confirman que los resultados han sido por demás pobres en lo que hace a las tareas de seguridad (el crimen organizado lleva la delantera, es un hecho), pero no menos en lo que respecta al papel de constructores y administradores que se le ha asignado a los militares, porque se ha perdido toda posibilidad de transparencia y los más elementales controles institucionales y democráticos en torno de su desempeño.
En medio de un proceso electoral en el que las instituciones responsables de su realización y de la resolución de sus posibles controversias lucen debilitadas, un paisaje nacional militarizado no parece ser lo más halagüeño. México necesita una profunda restauración de la institucionalidad democrática y del orden constitucional, hoy amenazados.
“Es preciso y urgente –dicen los autores de “Érase un país verde olivo”– optar por otro enfoque que busque restaurar el control civil sobre el poder militar, conforme al modelo de democracia constitucional. También es inevitable, con el Ejército, repensar su misión institucional hacia el futuro, como una institución garante de la democracia, de la seguridad nacional y de la estabilidad del país en un contexto global muy distinto al que existió en el siglo XX. Su actuación debe ser reconocida, pero exigiendo por igual, al poder civil y militar, que se respeten las leyes, los derechos y las libertades fundamentales de las personas”.
En ello, nadie lo debe dudar, nos va el futuro de la nación.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
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