La contratación de personas refugiadas en México está demostrando ser una opción viable y eficiente para promover la integración y autosuficiencia de extranjeros que llegan al País de forma irregular y buscan protección, pero también para satisfacer la demanda de fuerza de trabajo por parte de diversos sectores de la economía nacional.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) puso en marcha en 2019 un Programa de Integración Local (PIL), que ha permitido a más de 35 mil personas acceder a la opción de reubicarse en el interior del País y obtener un empleo, con un acompañamiento individualizado para su integración.
La apuesta adquiere relevancia si se considera que el año pasado México recibió 140 mil 982 solicitudes de refugio y que de 2013 a 2023 fueron reconocidas como refugiadas 115 mil 410 personas, 87 mil 094 de ellas entre 2020 y 2023.
El programa opera actualmente en 10 entidades -Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí- y son ya más de 600 las empresas que contratan a refugiados, desde multinacionales como DHL, Amazon o L’Oreal hasta medianas y pequeñas empresas, pasando por importantes firmas nacionales como Femsa y Mabe.
En entrevista, Florian Höpfner, Oficial de Soluciones Duraderas de la oficina de ACNUR en México, explica que, en principio, el programa se propuso contribuir a resolver el problema que representa la elevada concentración de personas en busca de refugio en Tapachula y otras localidades cercanas a la frontera sur, que genera presiones sobre los servicios públicos, sobre el mercado de vivienda y otros, mediante su relocalización en el interior del País.
“En los grandes centros urbanos del centro y el norte del País esas personas no representan un problema. Al contrario, son personas que, si están disponibles para incorporarse al mercado laboral formal, representan una oportunidad para la iniciativa privada”, señala.
El programa, explica, construyó paulatinamente un modelo de promoción del empleo de refugiados por parte de las empresas y de acompañamiento en el proceso para su contratación y su adaptación a su nuevo lugar de residencia.
Y el modelo, destaca, terminó por funcionar muy bien para todos los involucrados.
A los refugiados, indica, les permite acceder a la formalidad y reconstruir una vida productiva y digna en México, mientras que las empresas observan desde el principio ventajas como, por ejemplo, una tasa de rotación de estos nuevos trabajadores muy por debajo del promedio y un fuerte compromiso laboral.
Los participantes del programa proceden en su gran mayoría del norte de Centroamérica; Honduras representa más del 60 por ciento.
En cuanto a composición familiar, al principio se trataba sobre todo de adultos solos. Actualmente hay familias enteras y muchos más niños.
La gran mayoría, 65 por ciento, son personas en edad laboral.
Reciben apoyo logístico
El programa ofrece la opción de la relocalización a persona que realizan el trámite de solicitud de refugio en la frontera sur del País, particularmente en Tapachula.
A quienes obtienen una resolución positiva a su solicitud y aceptan participar en el programa se les brinda apoyo logístico.
“Organizamos la preparación y el traslado a las ciudades de destino, y organizamos el alojamiento, primero en un hotel, en donde durante unos días se brindan talleres para que las personas tengan las herramientas para el proceso de integración, son temas de conocer su entorno, transporte público; después hay una feria de empleo, donde las empresas presentan el tipo de vacantes que hay”, explica Höpfner.
Las personas eligen donde quieren trabajar y las empresas deciden quienes cumplen el perfil.
El acompañamiento inicial incluye la búsqueda de vivienda. ACNUR aporta un apoyo económico único al inicio, para cubrir el depósito, el primer mes de renta y un poco más, que corresponde a las necesidades de la primera quincena.
Adicionalmente, si se trata de familias con niños, se identifican, con apoyo de la SEP, escuelas a las que puedan acudir.
“Hemos agregado opciones de cuidado. Estamos piloteando varios esquemas. Hay un esquema con una organización de la sociedad civil, la Casa de Cuidado del Bajío, de madres cuidadoras que reciben a los niños en su casa, bajo ciertos estándares que están acordados con Protección Civil”, indica Höpfner.
“Estamos trabajando con el IMSS y la Canacintra en Saltillo. Acabamos de abrir una guardería ahí”.
Se ofrece, además, señala, un acompañamiento psicosocial, en forma intensiva durante los primeros 6 meses.
“Parece sencillo, pero sí se requiere un acompañamiento para la persona y para empresa. Hay diferencias culturales”, apunta.
Destaca que tener un empleo formal permite a los refugiados acceder al IMSS, al Infonavit y a una Afore.
“Personas que llevan más tiempo en el programa compraron un auto, accedieron a una vivienda a través del Infonavit. En la gran mayoría de los casos, a los seis meses ya son completamente independientes”, señala.
El programa, explica, cuenta con un sistema de monitoreo que incluye visitas domiciliarias y recolección de datos sobre nivel de ingresos, inserción escolar de los niños y otros indicadores.
“Antes de acceder al programa, un tercio de la población reporta tener un ingreso mensual por debajo de 2 mil pesos, que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias para empezar (…) Después de seis meses en el programa, el ingreso promedio mensual está en alrededor de 6 mil pesos y va aumentando a 8 mil 500 después de un año”, detalla.
“Antes de acceder al programa, hay 8 de cada 10 niños refugiados en edad escolar que no están inscritos en las escuelas en el sur del País, por varias dinámicas, hay gente que dice ‘estamos aquí en forma temporal, no voy a inscribirlo’, pero también hay un tema de capacidad de absorción del sistema de educación pública. Después de acceder al programa, dentro de los primeros seis meses cambia la foto: ahora 8 de cada 10 niños están escolarizados”.
Y después de 2 años de residencia permanente, destaca, las personas pueden naturalizarse como mexicanas, lo que está sucediendo con mucha frecuencia.
“El año pasado se naturalizaron más de 600 personas. Y hay que agregar más de 680 que iniciaron su trámite. Son números parecidos a los de quienes accedieron al programa en los primeros años”, detalla.
Rentabilidad y obstáculos
En un inicio, comenta Höpfner, las empresas ven en el programa un tema de responsabilidad social, pero rápidamente aprecian otras ventajas.
Con el cambio demográfico no hay suficientes jóvenes que se incorporen a un mercado laboral, con una creciente demanda generada por la dinámica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que ahora se ha dado en llamar nearshoring.
Y para muchas empresas la falta de disponibilidad de mano de obra y las tasas de rotación representan un costo muy elevado.
Además de su baja tasa de rotación, destaca Höpfner, las empresas ven el compromiso de los refugiados que contratan.
“Al momento de incorporar refugiados a su plantilla, incorporan personas que están comprometidas y muy agradecidas por la oportunidad, y eso tiene un impacto sobre los demás colaboradores”, señala.
“Este tipo de colaboración representa también un valor agregado a nivel gerencial. Para el director del hotel, el encargado del supermercado, el director de la fábrica y su equipo, hacer algo que va más allá de la operatividad del día, conocer la historia de las personas que llegan, ver que valoran lo que la empresa les puede aportar, genera valor a ese nivel gerencial”.
Y esta además, remarca, la contribución fiscal de los refugiados que cuentan con empleo formal, estimada en 187 millones de pesos al año, vía impuesto sobre la renta, aportación al IMSS e IVA. La cifra casi cuadriplica el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Persisten sin embargo, advierte ACNUR, obstáculos administrativos para la ocupación de los refugiados.
Se requiere que las personas tengan un documento migratorio, CURP y RFC para que puedan trabajar, además de una cuenta bancaria para recibir su salario.
“Lo que sí se necesitaría reforzar para que esto funcione a mayor escala es, uno, el tema de la emisión de los documentos migratorios, que en función de la coyuntura está sujeta a cambios. Actualmente hay muchas restricciones y eso es contraproducente para lograr la inserción de la población en la economía formal”, señala el Oficial de Soluciones Duraderas.
“Después hay temas de acceso al RFC, con el SAT. Hasta finales de 2021 era muy sencillo; te conectabas en línea y sacabas el RFC. Ahora hay todo un sistema de citas y hay que acudir de forma presencial a la oficina del SAT. Y en Tapachula si hay oficina del SAT, pero en Tenosique y en Palenque no”.
ACNUR considera necesarias reformas a la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el actual límite de 10 por ciento de personal extranjero no aplique en el caso de refugiados, y al Reglamento de la Ley de Migración, para eliminar el requisito de tramitar ante el Instituto Nacional de Migración la contratación de extranjeros tratándose de refugiados.
La eliminación de esas trabas, subraya, contribuiría a que los refugiados pudieran acceder a un empleo y a otros derechos sin necesidad de acompañamiento.
“El desafío de ahora en adelante consiste en lograr que este impacto sea posible sin que las personas dependan del acompañamiento que brindan ACNUR, la Comar u otras dependencias del gobierno”, subraya Höpfner.
Considera, por otra parte, que el Programa de Integración puede ser un modelo para el desarrollo de nuevos instrumentos de gestión de los flujos migratorios en México.
“35 mil participantes no es mucho, comparado con la magnitud del fenómeno migratorio, pero es un grupo suficientemente grande para considerase una muestra representativa de lo que se puede lograr si organizas esta vinculación de las personas con las oportunidades que existen”, concluye.
