La iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada el pasado 5 de febrero por el Ejecutivo federal es el segundo intento para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los participantes privados.
Sin embargo, especialistas en derecho consideran que, al igual que en abril de 2022, el Gobierno no logrará su cometido al no contar con los suficientes votos para una mayoría calificada en el Poder Legislativo, ni más de la mitad en los congresos locales.
En abril de 2022, en la Cámara de Diputados se discutió la propuesta presidencial en materia energética, la cual proponía modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y la adición de algunos artículos transitorios para dejar sin validez los cambios establecidos con la reforma energética de 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Tras obtener apenas 275 votos a favor y 223 en contra, se desechó el dictamen de la reforma en la Cámara baja.
El Artículo 135 de la Constitución establece que para modificar la Carta Magna, se requiere de una mayoría calificada, la cual se compone de la votación a favor de, al menos, las dos terceras partes de los representantes presentes, así como de la mayoría absoluta (50 por ciento más uno) de las legislaturas de los estados.
Severo López Mestre, abogado y especialista en temas de energía, explicó que aunque Morena es el partido con mayor número de representantes legislativos no son suficientes para ejecutar una reforma constitucional.
“Se necesita una mayoría calificada, aún con un partido en el poder que tiene más de 50 por ciento, las reformas constitucionales en México y en otros países requieren una mayor aprobación, porque de lo contrario sería tan fácil como cambiar sólo una ley federal.
“En este caso una reforma constitucional de este tipo (como la energética) necesitaría ser negociada con otros partidos políticos y en los congresos locales”, puntualizó.
Mauricio Fuchs, socio de la firma Hogan Lovells, la calificó como una “reforma agresiva” que difícilmente podrá contar la mayoría calificada que requiere para su aprobación.
“Es un gran proceso legislativo el que tiene que seguir esa reforma para que sea validada; la cual no se ha logrado anteriormente, por suerte, porque se trata de una reforma agresiva”, apuntó.
